1 - Más Presos Políticos en Oaxaca (11 de julio de 2005)

En un contexto de lluvia de recomendaciones y críticas al gobierno de Oaxaca por parte de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a unas horas de que la Promotora por la Unidad Nacional en contra el Neoliberalismo difundiera una carta abierta al gobernador de Oaxaca, solicitándole diálogo, Ulises Ruiz, haciendo gala de su carácter fascista, al que no le importan en lo más mínimo los derechos humanos y garantías constitucionales más elementales de las y los oaxaqueños, el día de hoy detuvo a dos luchadores sociales más del Frente Popular Revolucionario, integrante de la Promotora en Oaxaca, Bertín Reyes Ramos y Hernán Mendoza Nube, acusando absurdamente a este último de intento de homicidio a pesar de se encuentra en silla de ruedas, a consecuencia de la violencia física que hace varios años, ejerció sobre él la policía, bajo el mando de otro gobernador represor. Por lo anterior, el motivo político de las detenciones se hace más evidente.

Este acto, que se suma a la prepotencia y cerrazón característica de su corto mandato, tiene la clara intención de impedir el derecho a la libre manifestación, en estos días de “Guelaguetza” en los que pretende ocultar ante los ojos del turismo nacional e internacional, la miseria y la violencia generada desde el gobierno en los pueblos indígenas oaxaqueños, disfrazándolas de folklore.

Esta actitud de dictador asumida por el gobernador de Oaxaca, títere de Roberto Madrazo y ferviente impulsor de su candidatura para contender por el PRI a la presidencia de la República,  es la antesala de lo que le espera al país si los militantes de este partido cometen el error de elegirlo como su candidato en las elecciones del 2006 y si los mexicanos, después, votan por este partido.

¿Cuántos indígenas muertos y luchadores sociales encarcelados comprometió Ulises Ruiz, para garantizar los votos necesarios para  el triunfo de la candidatura madracista? 

¿Cuántos indígenas muertos y luchadores sociales encarcelados son necesarios para atraer las inversiones extranjeras a Oaxaca y recursos para la campaña madracista?

¿Cuánta sangre y represión valen los empleos mal pagados que llegarán con estas inversiones promovidas por el gobierno?
Sólo la unidad organizada de los pobres con dignidad impedirá que triunfe en Oaxaca y en México el proyecto de los poderosos transnacionales y los políticos serviles a sus intereses.

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE OAXACA Y EL PAÍS!
¡ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MANIFESTACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN OAXACA!
¡JUICIO POLÍTICO AL FASCISTA Y ASESINO DE INDÍGENAS ULISES RUIZ!
¡NO A LA CANDIDATURA DEL PRIÍSTA-VENDEPATRIAS ROBERTO MADRAZO!
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO – ORGANIZACIÓN NACIONAL DEL PODER POPULAR
integrante de la PROMOTORA POR LA UNIDAD NACIONAL EN CONTRA EL NEOLIBERALISMO

2 – El Comité de las Huastecas se pronuncia.

A pesar de que las Huastecas sea una zona rica en sus recursos, por el retraso económico, social y político, particularmente en las comunidades indígenas de esta región, la pobreza extrema y la miseria prevalece en ella sin poder lograr un desarrollo para mejorar las condiciones de vida. Mientras unas cuantas personas se llevan toda la riqueza aprovechando la ignorancia y la mano de obra del indígena sometido a trabajos forzados y que a veces no recibe un salario que pueda servirle para darles de comer a su familia, ni vestir y educar a sus hijos.

El cacique aprovecha la protección del gobierno con el “amparo agrario” despoja de sus tierras a los indígenas convirtiéndolos en peones a su servicio, lo que profundiza la marginación, pobreza y que deja completamente indefenso sin poder ejercer sus derechos con total libertad.

En la década de los 70, las comunidades indígenas se organizan y se revelan contra el caciquismo e instituciones del gobierno estatal y federal, como protesta de tantos engaños y maltratos toman, las tierras por la vía de hechos arriesgando la vida solo para obtener y rescatar el derecho a poseer una parcela donde pueda sembrar y alimentar a su familia. Con esta decisión logran recuperar sus tierras comunales y ejidos en más de Treinta y Seis Mil Hectáreas entre Hidalgo y la zona Norte de Veracruz, por lo que el gobierno se sintió obligado a legalizarlas mediante un programa del plan de “REHABILITACIÓN DE LA HUASTECA” donde supuestamente expropió más de 25.000 Hectáreas en el Estado de Hidalgo.
Durante el transcurso de la lucha por la tenencia de la tierra han sido asesinados y masacrados centenares de campesinos indígenas por pistoleros de los caciques, bandas paramilitares, policía y por el propio ejército Mexicano lo que ha sembrado temor y zozobra en las Comunidades.

La represión gubernamental ha dejado cientos de campesinos encarcelados, perseguidos y desaparecidos en la región, constantemente violando sus derechos humanos; y por la tortura algunos quedaron inválidos de por vida.

De tantos maltratos y vejaciones de los derechos indígenas, un grupo de indígenas proponen crear una asociación civil que defendería sus derechos humanos con una pequeña convocatoria de fecha 26 de abril de 1.992.

El día 26 de mayo de 1.992, se reúne a unos cien delegados de diferentes comunidades de la región de Las Huastecas con el objetivo de constituir una asociación civil que les serviría como una tribuna para expresar sus ideas y denunciar las violaciones de los derechos humanos y civiles. Al término de la reunión llegan a un acuerdo: que la Asociación se denominará “COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS HUASTECAS Y SIERRA ORIENTAL A.C. Y nombran sus respectivos representantes quedando nombrado su presidente, vicepresidente, secretario general y secretario de actas.

Desde entonces “CODHHSO” trabaja bajo principios y estatutos reconocidos legalmente y bajo un programa que vela ante las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, el más prioritario es la capacitación indígena en cuanto a la defensa de los Derechos Humanos y la orientación en los problemas interfamiliar, apoya y asesora a los jornaleros agrícolas que son contratados y al término del contrato ni siquiera son pagados por el contratista, entre muchos otros.

Su papel principal es estudiar, analizar e investigar para la defensa y protección de los Derechos Humanos, enseñar a los pueblos las garantías que otorga la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y exigir al Gobierno que garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos , sociales, etc.

Actualmente, es preocupante la política represiva de los gobiernos latinoamericanos y del resto del mundo. Tratan de resolver los problemas sociales a través de la mera represión, persecución, encarcelamiento, los asesinatos masivos de los opositores imponiendo una política económica y social que solo beneficia a unos cuantos empresarios dueños del dinero.

A pesar de que las organizaciones civiles nacionales e internacionales han hecho un gran esfuerzo de que se respeten los Derechos Humanos, se sigue violando flagrantemente por servidores públicos encargados de impartir justicia y las denuncias de las mismas han quedado impunes.

Aún falta mucho por hacer para que termine las injusticias y el maltrato a la humanidad, es por eso que CODHHSO busca apoyo para que sus miembros tengan preparación, conocimiento e intercambios de experiencias con otras organizaciones no gubernamentales, y por lo tanto los talleres de Derechos Humanos no deben ser solo para los indígenas, deben ser generales, es decir para el indígena y el no indígena, porque la violación de los Derechos Humanos concierne a todos y es general.

Los talleres son importantes para los que no conocemos todos nuestros derechos esperamos que no quede todo en los talleres, sino que den seguimiento y que la Comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas nos apoyen en las zonas rurales, tanto económico y en material, para seguir capacitando a otros; los que participamos en el taller.
Como CODHHSO ya estamos trabajando, impulsando la formación de monitores de Derechos Humanos en cada una de las Comunidades Indígenas, que a día de hoy se encuentra afincado en la zona de la huasteca hidalguense y veracruzana. Pese a la falta de recursos los trabajos por parte de las comunidades empiezan a dar sus frutos y ya son los propios compañeros de las comunidades los encargados de realizar la vigilancia y prevención de las violaciones a derechos humanos así como la difusión y capacitación del resto de sus compañeros. También tenemos como un trabajo primordial el acompañamiento a familiares y victimas de los crímenes del pasado así como a la recuperación de la memoria histórica.

Hoy por hoy las mayores problemáticas que enfrenta tanto la organización como las propias comunidades son la masiva presencia tanto del ejército como de bandas de paramilitares. La represión y calumnias en contra de las organizaciones y sus representantes. Falta de tierra propia y la esterilización forzada de mujeres y un largo etc.

Por Lo que pedimos:
¡¡ FUERA EJÉRCITO Y BANDAS PARAMILITARES DE LAS HUASTECAS!!
¡¡ALTO A LA REPRESIÓN Y CALUMNIAS EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD!!
¡¡CASTIGO PARA LOS CRIMINALES!!
COMITÉ DE DDHH DE LAS HUASTECAS Y SIERRA ORIENTAL
¡¡SOLUCION INMEDIATA A NUESTRAS DEMANDAS!!

3 - San Juan Lalana (Oaxaca) Municipio Popular (11/02/05)

Detenciones arbitrarias / malos tratos / excesivo uso de la fuerza
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT se encuentra muy preocupado por las informaciones recibidas sobre las detenciones arbitrarias, los malos tratos infligidos, y las irregularidades en el proceso judicial contra varios campesinos del municipio de San Juan Lalana en Choapán, Oaxaca.

De acuerdo con las informaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh, seccional Oaxaca, el 6 de febrero de 2005, aproximadamente a las dos de la madrugada fueron detenidos de manera arbitraria siete integrantes del Cabildo Popular de San Juan Lalana, Choapan, por miembros de la Policía Ministerial, la Policía Municipal y otros militares, en la desviación conocida con el nombre de "Sebastopol", entre Tuxtepec, y Ciudad de Oaxaca, cuando se dirigían a esta última ciudad, para entrevistarse con el Gobernador Ulises Ruiz Ortiz, con el fin de realizar negociaciones sobre su municipio, consecuentemente a una citación hecha por funcionario público Gregorio Pérez García.

De acuerdo con las informaciones, las personas detenidas en la desviación de Sebastopol son los Sres. Daniel Martínez Dolores (Presidente del Cabildo Popular), Abdón Martínez Martínez (Secretario), Crescencio Cardoza (Presidente del Comisariado de Bienes Comunales), y los pobladores Carlos Calderón Sánchez, Tomás Enrique Cardoza, Humberto Pérez Calderón, Saturnino Sánchez Sevilla y Joaquín Hernández Cardoza.  Según las informaciones las personas mencionadas fueron golpeadas, en el momento de bajar del autobús en el que viajaban, por personas que iban encapuchadas. Además, mientras que hasta las doce horas del mismo día 6 de febrero no se tenía ninguna información sobre el lugar en donde estaban detenidos, hacia las 13h00 del mismo día la Procuraduría ya estaba haciendo su informe sobre la detención, pero continuaba sin proporcionar ninguna información sobre los hechos, manifestando que ellos no tenían detenida a ninguna persona de dicha comunidad, en ninguna de sus agencias.

De acuerdo con las informaciones, a pesar de las declaraciones de la Procuraduría, aproximadamente a las 17h00 del mismo 6 de febrero, los detenidos fueron localizados en la Penitenciaria del Estado y el Licenciado Israel Ochoa y el Sr. Laureano Martínez pudieron hablar con ellos, para ver cómo y en qué condiciones se encontraban. Según las informaciones, los Sres. Antonio García Martínez y Daniel Martínez Dolores se encontraban muy golpeados y este último tenía además, muy lastimados sus pies. De acuerdo con las informaciones, el mismo día, 6 de febrero, aproximadamente a las cinco de la madrugada, los Sres. Antonio García Martínez y Daniel Bautista Pérez fueron detenidos en sus domicilios por miembros de la policía, quienes hicieron uso excesivo de la fuerza, acompañados de personas encapuchadas. Al llegar a la casa del Sr. Antonio García Martínez, rompieron la puerta, lo golpearon y, amenazándolo con armas de grueso calibre, lo obligaron a subir y a tenderse boca abajo en el piso de una camioneta, esposado con las manos en la espalda, todo ello en presencia de esposa y de sus tres hijos de 2, 3 y 13 años de edad.  Según las informaciones, los policías procedieron de la misma manera en el domicilio del Sr.  Daniel Bautista Pérez, frente a su esposa y a su hija de 2 años y medio de edad.  Además, durante el trayecto hacia la ciudad de Oaxaca fueron objeto de burlas y fueron tratados y humillados señalándolos como delincuentes peligrosos. Durante el operativo, los policías golpearon a un habitante de la comunidad, el Sr.  Florentino Pérez Manzano quien es una persona de edad avanzada y con serios problemas de audición, ya que uno de sus oídos no funciona. Según los informes el equipo policial iba buscando al Sr. Librado Bautista quien es el papá del Sr. Daniel Martínez Dolores, uno de los detenidos en Sebastopol, al parecer, como una forma de presión para que se abstuviera de manifestarse en el Palacio Municipal. De acuerdo con las informaciones, todos los detenidos fueron finalmente recluidos en el Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel en donde han recibido varias propuestas por parte de funcionarios de la Gobernación Estatal en el sentido "aparente" de negociar su libertad.  Entre las propuestas que han recibidos los detenidos están las siguientes:
1. Que le hablen a la gente, que según las autoridades se está reuniendo en San Juan Lalana, con el fin que disuelvan sus reuniones;
2. Que firmen un documento en el que ellos renuncian a pertenecer a ningún tipo de organización, ya que, según las autoridades, estas le hacen fuertes críticas a un gobierno que apenas comienza;
3. que renuncien a la defensa que les proporciona el Licenciado Israel Ochoa Lara, porque él no les conviene (a las autoridades estatales) y que en cambio esas autoridades los defenderían;
4. que las autoridades gubernamentales podrían negociar con la Comisión de Diálogo y Conciliación de defensa del uso y las costumbres de su Comunidad, de acuerdo con la integración de la misma hecha el 27 de diciembre de 2004, pero que los Sres. Daniel Martínez Dolores y Abdón Martínez Martínez ya no podrían pertenecer a dicha comisión debido a que actualmente eran objeto de un proceso judicial.

De acuerdo con las informaciones, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choapan, Oaxaca, a los detenidos se les integraron dos expedientes bajo los cargos de: 1/2005, por Privación Ilegal de la Libertad, Ataques a las Vías de Comunicación y Allanamiento de Morada, y, 2/2005 por Lesiones Calificadas. Según las informaciones, el lunes 7 de febrero a las 10h00 de la mañana se radicó el expediente en el juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que se tomaran las declaraciones de los procesados. Se ha denunciado que durante el proceso de la toma de declaraciones preparatoria, la funcionaria del Ministerio Público, Evangelina García, estuvo agrediendo a los abogados e intimidándolos, además tomó sus nombres e interrumpió a los procesados cuando estaban declarando. También otra funcionaria del Ministerio Público, Margarita Itandehui García Cruz, solicitó que no se les concediera la libertad bajo caución (fianza) ya que los considera personas de alta peligrosidad para la sociedad debido a que, según ella: "se agruparon para tomar el palacio municipal de San Lorenzo, porque el gobierno no respetó las elecciones de usos y costumbres".  Sin embargo, la Juez rechazó tal petición del Ministerio Público y las declaraciones terminaron hacia las 2h30 de la madrugada del día martes 8 de febrero de 2005.

Antecedentes de la situación:De acuerdo con las informaciones, en el municipio de San Juan Lalana, Oaxaca, la Comunidad no quedó conforme con la última elección de concejales municipales por considerar que no se respetaron los derechos indígenas a los usos y costumbres y por ello se dirigieron en varias ocasiones ante las instituciones gubernamentales para poner en su conocimiento esta inquietud y descontento, sin que nunca se le diera una solución real al problema.  En un acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2004, se trató de integrar dos grupos, pero ante la ausencia de una de las partes, el Sr. Silvano Calderón Sánchez, la comunidad de San Juan Lalana decidió darle posesión al Cabildo Popular Indígena presidido por el Sr. Daniel Martínez Dolores, mientras en otro pueblo le dieron posesión al Sr. Calderón Sánchez.
Posteriormente, se realizaron varias reuniones y en la última, realizada el 27 de enero de 2005, con la asistencia de un diputado y un delegado del Gobierno de Tuxtepec, se conformó una comisión de la mencionada Comunidad para que dialogara con el Subsecretario municipal de Tuxtepec quien, durante la programada reunión, se negó a levantar un acta arguyendo que él era una persona de palabra.
Posteriormente fueron citados a la Audiencia con el Gobernador del Estado, la cual se realizaría el 7 de febrero de 2005.

El Secretariado Internacional de la OMCT urge al Gobierno mexicano a tomar todas las medidas necesarias para implementar condiciones mínimas de seguridad y de respeto de la integridad física y psicológica de todos los detenidos, de acuerdo con sus leyes nacionales y con sus compromisos adquiridos con los instrumentos internacionales de derechos humanos. La OMCT expresa también su preocupación en cuanto al hecho de que estas violaciones de los derechos humanos puedan quedar impunes y sus perpetradores sin sanción alguna, y por lo tanto solicita a las autoridades de México la debida continuidad de una investigación exhaustiva e imparcial de estos graves hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicar las sanciones penales y/o administrativas estipuladas en la ley.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades de México para urgirlas a:

i. tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas durante los hechos arriba mencionados, incluyendo una atención médica urgente, adecuada y gratuita para aquellos que lo requieran;

ii. ordenar la inmediata liberación de todos los detenidos en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos, o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles todos sus derechos procesales en todo momento;

iii. llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de estos hechos, en particular sobre las alegaciones de malos tratos infligidos a los detenidos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicar las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iv. garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.