Las asociaciones ecologistas,
vecinales, de consumidores, sindicatos, plataformas ciudadanas,
organizaciones sociales y de desarrollo convocantes, en representación
de muchos ciudadanos y ciudadanas preocupados por el cambio climático,
pedimos que se de a la lucha contra el cambio climático la prioridad y
la urgencia necesaria para evitar que a la crisis financiera se sumen
los impactos del calentamiento global, con graves consecuencias
ecológicas, sociales y económicas. El año 2009 es clave en la lucha contra el cambio climático, ya que a finales del mismo se van a tomar las decisiones que configurarán el marco global que regirá los compromisos que asuman los países para luchar contra este importante problema. En la Cumbre de las Naciones Unidas de Cambio Climático que tendrá lugar en Diciembre en Copenhague se decidirá la forma del acuerdo que sustituirá al Protocolo de Kioto una vez que éste haya expirado su periodo de vida a finales de 2012.
El
cambio climático está provocado por la actividad humana y sus impactos
ya son evidentes. El IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático de Naciones Unidas), en su último informe señala que la
temperatura media ha subido 0,74º C en los últimos 100 años. Sin
embargo, el IPCC también confirma que esos impactos se pueden mitigar
estabilizando los gases de efecto invernadero de modo que no se superen
los 2º C de incremento de la temperatura global respecto a la época
preindustrial, usando para ello las tecnologías actualmente disponibles
o aquellas que se espera sean comercializadas en las próximas décadas e
incidiendo en el ahorro energético.
Se trata además de un
problema que afecta y afectará de forma más severa a los países
empobrecidos que en modo alguno son responsables de su génesis. Entre
las consecuencias más graves está la pérdida de producción agraria que
aumentaría la inseguridad alimentaria, mayores dificultades para
disponer de agua y mayor vulnerabilidad a enfermedades y catástrofes
climáticas como sequías o inundaciones. Hay consenso en que el cambio
climático hará crecer el número de refugiados ambientales.
En España esta subida de temperatura ha sido aún mayor y ello se ha traducido en que nuestros glaciares han reducido su extensión y las olas de calor, las sequías y los cambios abruptos de temperatura y precipitaciones sean cada vez más frecuentes. Es también perceptible una menor disponibilidad de recursos hídricos. Todos estos factores están teniendo ya graves consecuencias para sectores importantes de la economía como el agrario y el turístico.
Por ello, las organizaciones convocantes pedimos al gobierno que:
A nivel Internacional, apoye en la cumbre de Copenhague un nuevo acuerdo justo y suficientemente ambicioso que sustituya al Protocolo de Kioto, basado en los siguientes principios:
a. Los países industrializados deberán comprometerse a reducir sus emisiones con medidas internas al menos un 30% para 2020 y de un 80% para 2050, respecto de los niveles de 1990.
b. Apoyar a los países empobrecidos, y a las economías emergentes, a que reduzcan sus emisiones respecto a su tendencia actual para antes de 2020, mediante transferencia de tecnología, comercio e inversión que posibilite satisfacer sus necesidades energéticas de forma limpia y sostenible.
c. Proporcionar financiación suficiente, estable y adicional para la adaptación de los países en desarrollo a los impactos del cambio climático.
d. Asegurar que las emisiones procedentes de la deforestación y degradación de los bosques se reduce drásticamente respetando los derechos de los pueblos
A nivel Nacional le pedimos que cumpla el Protocolo de Kioto principalmente con medidas internas y se comprometa con objetivos nacionales para 2020 mucho más ambiciosos que los establecidos en el Paquete energético, que en ningún caso deberán ser menos ambiciosos que los establecidos por el Protocolo de Kioto.
Además de al Gobierno Central, también pedimos a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos, a los partidos políticos, y a las empresas, sobre todo a las grandes compañías energéticas, que den a la lucha contra el cambio climático la prioridad que se merece.
La crisis global en que nos encontramos es la consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible. Es el momento de dar un giro y apostar por vivir sin exceder la capacidad de nuestro planeta utilizando los recursos de forma sostenible y con equidad. Otro modelo de desarrollo es posible, empezando por un cambio a un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. No queremos políticas que por un lado favorezcan mínimamente a las energías limpias y por otro mantengan los privilegios de las energías sucias.
También es urgente avanzar hacia una movilidad sostenible. En vez de seguir alimentando el crecimiento desmesurado del transporte motorizado con ayudas millonarias a la industria automovilística y creando nuevas carreteras, apostar por una ordenación territorial que disminuya las necesidades de transporte, así como por el transporte público colectivo, y avanzar hacia un modelo intermodal que fomente el transporte ferroviario tanto de personas como de mercancías.
Algunas medidas que consideramos urgente abordar son:
Elaborar, impulsar y aprobar leyes contra el Cambio Climático, de Ahorro y Eficiencia energética, de Movilidad Sostenible, de Energías Renovables y de Fiscalidad Ecológica.
Aprobar una planificación energética de medio y largo plazo que establezca objetivos concretos, de obligado cumplimiento, para el ahorro y uso eficiente de energía y la producción renovable.
No autorizar la construcción de nuevas refinerías de petróleo, y aplicar una moratoria de nuevas centrales térmicas a partir de combustibles fósiles, mientras no se demuestre que todas las alternativas de energía limpia (uso eficiente de la energía, gestión de la demanda, cogeneración y renovables) están agotadas o no son suficientes.
Poner en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares existentes. La nuclear no es la solución al cambio climático.
Poner fin a las subvenciones, directas e indirectas, a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, e internalizar todos sus costes externos sociales y ambientales, asegurando que el precio de la energía final refleje todos los costes según la fuente utilizada. Contaminar tiene que salir caro.
Eliminar las subvenciones, directas e indirectas, a proyectos de I+D en tecnologías que no pueden ser de ninguna manera la solución al cambio climático y sin embargo suponen graves riesgos ambientales.
Reformar el mercado eléctrico eliminando las barreras a las renovables, y a la gestión de la demanda.
Revisar en profundidad el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), condicionando y paralizando la construcción de todas las nuevas infraestructuras viarias hasta que se realice una correcta evaluación de su impacto ambiental, teniendo especialmente en cuenta su incidencia en la Red Natura 2000.
Prohibir la producción de gases de efecto invernadero como los CFCs, HCFCs y HFCs que aún se sigue realizando en nuestro país.
Dar más y mejores ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en los países empobrecidos. Crear un fondo de adaptación, que puede proceder de la fiscalidad sobre los combustibles fósiles y nucleares, que permita desarrollar actuaciones para paliar los impactos del cambio climático.
Facilitar la transferencia de tecnología a los países empobrecidos en condiciones justas, en pago de la deuda ecológica.
Promover el desarrollo de un modelo agroalimentario que reduzca sus efectos negativos sobre el clima, que tenga en cuenta el derecho de los pueblos a una alimentación y medio ambiente sano, a decidir los alimentos que quiere consumir y cómo se tienen que producir y a definir su propia política agraria y alimentaria, con pleno acceso a la tierra, al agua y a las semillas.
Promocionar una consensuada política forestal, basada en especies autóctonas, sostenible y que prevenga la desertificación.
Promocionar y apoyar a las empresas que adapten sus procesos productivos minimizando su incidencia en el cambio climático mediante cambios a tecnologías más limpias, reducción del consumo de energía y de agua, implantación de sistemas de gestión ambiental verificados, etc.
Exigir a las administraciones públicas (central, autonómicas y locales) medidas que en el marco de sus competencias implanten y favorezcan políticas que frenen el cambio climático.
Promover campañas de sensibilización ciudadana y educación ambiental para que cada persona contribuya en su ámbito de acción a la reducción de emisiones.
La cuenta atrás ya ha comenzado. Los ciudadanos y ciudadanas exigimos a las administraciones que aprovechen este momento de crisis para apostar por un modelo justo y sostenible. El cambio sí es posible.
En España esta subida de temperatura ha sido aún mayor y ello se ha traducido en que nuestros glaciares han reducido su extensión y las olas de calor, las sequías y los cambios abruptos de temperatura y precipitaciones sean cada vez más frecuentes. Es también perceptible una menor disponibilidad de recursos hídricos. Todos estos factores están teniendo ya graves consecuencias para sectores importantes de la economía como el agrario y el turístico.
Por ello, las organizaciones convocantes pedimos al gobierno que:
A nivel Internacional, apoye en la cumbre de Copenhague un nuevo acuerdo justo y suficientemente ambicioso que sustituya al Protocolo de Kioto, basado en los siguientes principios:
a. Los países industrializados deberán comprometerse a reducir sus emisiones con medidas internas al menos un 30% para 2020 y de un 80% para 2050, respecto de los niveles de 1990.
b. Apoyar a los países empobrecidos, y a las economías emergentes, a que reduzcan sus emisiones respecto a su tendencia actual para antes de 2020, mediante transferencia de tecnología, comercio e inversión que posibilite satisfacer sus necesidades energéticas de forma limpia y sostenible.
c. Proporcionar financiación suficiente, estable y adicional para la adaptación de los países en desarrollo a los impactos del cambio climático.
d. Asegurar que las emisiones procedentes de la deforestación y degradación de los bosques se reduce drásticamente respetando los derechos de los pueblos
A nivel Nacional le pedimos que cumpla el Protocolo de Kioto principalmente con medidas internas y se comprometa con objetivos nacionales para 2020 mucho más ambiciosos que los establecidos en el Paquete energético, que en ningún caso deberán ser menos ambiciosos que los establecidos por el Protocolo de Kioto.
Además de al Gobierno Central, también pedimos a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos, a los partidos políticos, y a las empresas, sobre todo a las grandes compañías energéticas, que den a la lucha contra el cambio climático la prioridad que se merece.
La crisis global en que nos encontramos es la consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible. Es el momento de dar un giro y apostar por vivir sin exceder la capacidad de nuestro planeta utilizando los recursos de forma sostenible y con equidad. Otro modelo de desarrollo es posible, empezando por un cambio a un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. No queremos políticas que por un lado favorezcan mínimamente a las energías limpias y por otro mantengan los privilegios de las energías sucias.
También es urgente avanzar hacia una movilidad sostenible. En vez de seguir alimentando el crecimiento desmesurado del transporte motorizado con ayudas millonarias a la industria automovilística y creando nuevas carreteras, apostar por una ordenación territorial que disminuya las necesidades de transporte, así como por el transporte público colectivo, y avanzar hacia un modelo intermodal que fomente el transporte ferroviario tanto de personas como de mercancías.
Algunas medidas que consideramos urgente abordar son:
Elaborar, impulsar y aprobar leyes contra el Cambio Climático, de Ahorro y Eficiencia energética, de Movilidad Sostenible, de Energías Renovables y de Fiscalidad Ecológica.
Aprobar una planificación energética de medio y largo plazo que establezca objetivos concretos, de obligado cumplimiento, para el ahorro y uso eficiente de energía y la producción renovable.
No autorizar la construcción de nuevas refinerías de petróleo, y aplicar una moratoria de nuevas centrales térmicas a partir de combustibles fósiles, mientras no se demuestre que todas las alternativas de energía limpia (uso eficiente de la energía, gestión de la demanda, cogeneración y renovables) están agotadas o no son suficientes.
Poner en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares existentes. La nuclear no es la solución al cambio climático.
Poner fin a las subvenciones, directas e indirectas, a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, e internalizar todos sus costes externos sociales y ambientales, asegurando que el precio de la energía final refleje todos los costes según la fuente utilizada. Contaminar tiene que salir caro.
Eliminar las subvenciones, directas e indirectas, a proyectos de I+D en tecnologías que no pueden ser de ninguna manera la solución al cambio climático y sin embargo suponen graves riesgos ambientales.
Reformar el mercado eléctrico eliminando las barreras a las renovables, y a la gestión de la demanda.
Revisar en profundidad el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), condicionando y paralizando la construcción de todas las nuevas infraestructuras viarias hasta que se realice una correcta evaluación de su impacto ambiental, teniendo especialmente en cuenta su incidencia en la Red Natura 2000.
Prohibir la producción de gases de efecto invernadero como los CFCs, HCFCs y HFCs que aún se sigue realizando en nuestro país.
Dar más y mejores ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en los países empobrecidos. Crear un fondo de adaptación, que puede proceder de la fiscalidad sobre los combustibles fósiles y nucleares, que permita desarrollar actuaciones para paliar los impactos del cambio climático.
Facilitar la transferencia de tecnología a los países empobrecidos en condiciones justas, en pago de la deuda ecológica.
Promover el desarrollo de un modelo agroalimentario que reduzca sus efectos negativos sobre el clima, que tenga en cuenta el derecho de los pueblos a una alimentación y medio ambiente sano, a decidir los alimentos que quiere consumir y cómo se tienen que producir y a definir su propia política agraria y alimentaria, con pleno acceso a la tierra, al agua y a las semillas.
Promocionar una consensuada política forestal, basada en especies autóctonas, sostenible y que prevenga la desertificación.
Promocionar y apoyar a las empresas que adapten sus procesos productivos minimizando su incidencia en el cambio climático mediante cambios a tecnologías más limpias, reducción del consumo de energía y de agua, implantación de sistemas de gestión ambiental verificados, etc.
Exigir a las administraciones públicas (central, autonómicas y locales) medidas que en el marco de sus competencias implanten y favorezcan políticas que frenen el cambio climático.
Promover campañas de sensibilización ciudadana y educación ambiental para que cada persona contribuya en su ámbito de acción a la reducción de emisiones.
La cuenta atrás ya ha comenzado. Los ciudadanos y ciudadanas exigimos a las administraciones que aprovechen este momento de crisis para apostar por un modelo justo y sostenible. El cambio sí es posible.
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