Las ONGs castellano-manchegas Sodepaz y Didesur denuncian ante la octava reunión de la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación (UNCCD) la responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha por la desertificación y proponen pasos concretos para frenar este proceso que afecta a más de 1.200 millones del personas en el mundo
La Convención de Lucha contra la Desertificación camina hacia los once años de su entrada en vigor y en cada reunión se viene pidiendo pasar a la acción, sin embargo la negativa a comprometer recursos nuevos y adicionales sigue siendo una constante, incumpliendo así los compromisos de las Partes y organismos de la Convención.
Ante la Cumbre contra la Desertificación, que se celebra del 3 al 14 de septiembre en Madrid, Sodepaz y Didesur manifiestan que la degradación de los suelos afecta a la seguridad alimentaría, incrementa la pobreza, dispara las migraciones internacionales a gran escala, los conflictos intra-regionales, la inestabilidad social, agudiza la inequidad de género y pone en riesgo la salud y bienestar de 1200 millones de personas en más de 100 países.
En España la urbanización y la construcción son las principales causas de destrucción y transformación irreversible del territorio, incluyendo las áreas de suelo fértil. Según el Observatorio de la Sostenibilidad de España, el 70% de del desarrollo de las nuevas zonas artificiales (zonas urbanas e infraestructuras) se ha realizado sobre zonas agrícolas y en menor medida forestales. Los tejidos urbanos suponen más de una tercera parte de la superficie artificial.
En Castilla-La Mancha, si aceptamos que la más grave consecuencia de la desertificación es la pérdida de suelo fértil, los principales causantes de esta pérdida son tres: la urbanización excesiva, el desarrollo de las infraestructuras de transporte (en especial de las carreteras) y el uso insostenible del agua. A pesar del aparente enfriamiento del sector inmobiliario, lo cierto es que los planes de crecimiento residencial siguen siendo desmedidos: en Castilla-La Mancha se proyectan 700.000 nuevas viviendas.
Un ejemplo de la situación problemática que afecta a Castilla-La Mancha es la petición de las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena durante 8ª Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas Contra la Desertificación (COP) que la Mancha Húmeda deje de disfrutar de las figuras de protección internacional.
Las organizaciones ecologistas solicitaron a la UNESCO la retirada de la calificación de "Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda" que poseen el conjunto formado por el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y los Humedales manchegos de la Cuenca Alta del Guadiana. La decisión se toma dado el grado de degradación que presenta el conjunto. De hecho, el Parque Nacional tiene que ser mantenido con bombeos de agua desde hace años. El "Convenio Ramsar de Humedales" tiene incluidas Las Tablas de Daimiel en su "Lista Roja" de espacios amenazados desde hace ya demasiados años sin que se llegue a una solución eficaz para su recuperación hídrica. Asimismo el Plan Especial del Alto Guadiana vulnera las Directivas Marco del Agua y la de Hábitats.
Nos oponemos así al Plan Especial del Alto Guadiana, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que supondrá la desertificación de la zona y la desaparición definitiva de los humedales. Este Plan nació con la idea de recuperar los acuíferos sobreexplotados y los humedales que dependen de ellos, pero mantiene tal nivel de extracciones legales e ilegales y tal superficie de regadíos que será imposible la recuperación de los humedales protegidos en los plazos y prórrogas que establece la Directiva Marco Europea del Agua.
Didesur y Sodepaz se suman a la denuncia que responsabiliza al Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta de Castilla-La Mancha de la sobreexplotación ilegal de los acuíferos de la Cuenca Alta del Guadiana, que ha producido ya la desecación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y otros humedales manchegos, constituyendo el proceso de desertificación de mayor relevancia y extensión en toda España.
Pedro Martínez Santos, doctor de la Facultad de Ciencias Geológicas de Universidad Complutense de Madrid y experto en Hidrogeología de la Cuenca Alta del Guadiana afirmó que "el descenso de los niveles freáticos de agua en La Mancha Húmeda es continuo y que de no invertirse la sobreexplotación, la situación será irreversible aún con medidas a largo plazo".
Para frenar el proceso de desertificación y garantizar la Soberanía Alimentaria en Castilla-La Mancha, Didesur y Sodepaz considera urgente la aplicación de políticas encaminadas a:
- Que las leyes del suelo autonómicas garanticen su conservación y dificulten su recalificación para suelo urbano.
- Abordar una política de agua basada en la gestión de la demanda y no en el aumento de la oferta. Es decir, tratar el agua como el bien escaso que es; un bien que debe conservarse al máximo.
- Reconvertir el modelo económico español basado en la destrucción ambiental, en la que el peso fundamental de la construcción y del turismo de masas (ambos muy relacionados con la desertificación) en el PIB es clave. En la política urbanística eso se traduce en núcleos compactos de tamaño medio. En la hidráulica, en una agricultura ecológica acorde con las condiciones climáticas del entorno y en un ahorro significante.
Asimismo, Didesur y Sodepaz apoya a las ONGs presentes en la Cumbre contra la Desertificación, que demandan un impulso comprometido y sustancial al proceso de implementación de políticas contra la desertificación en las tierras secas del mundo.
¡Comenzar la acción local ya!
Las acciones locales e inmediatas son cruciales para lograr los objetivos de UNCCD. Es imperativo que se haga de la lucha contra la desertificación un instrumento adecuado para su aplicación a nivel local con acciones que combatan la degradación del suelo y promuevan modos de vida sostenibles. Estas acciones locales deberían vincularse tanto a la Convención como a los Programas de Acción Nacional.
Con este fin, apoyar el trabajo de ONGs locales, campesinos familiares y de organizaciones de la sociedad civil puede aportar, a cambio, un conocimiento detallado del medio ambiente local al grupo de planificadores, así como información oportuna sobre las distancias que surjan entre política e implantación. La sociedad civil representa las necesidades de grupos de interés específicos y grupos locales que a menudo están poco representados o incapaces de implicarse en procesos políticos. Este nivel de implicación ofrece una forma complementaria de consulta.
Exigimos de la Junta de Castilla-La Mancha un calendario claro y detallado, junto con los medios adecuados que se necesitan para la acción a nivel local, para guiar y concretar la implantación de la Convención.
Por otra parte, Sodepaz y Didesur demandan revisar urgentemente el concepto jurídico de "refugiado" para poder ampliarlo a nuevas realidades sociales, como son las que resultan del deterioro del medioambiente. La regulación del llamado "refugiado ambiental" por el ordenamiento jurídico internacional resulta imprescindible para llenar una laguna jurídica y proporcionar una protección jurídica exhaustiva a los cada vez más numerosos desplazados por razones ambientales. Para 2020, unos 135 millones de personas corren peligro de tener que abandonar sus tierras por la continua desertificación, de ellas 60 millones en África subsahariana. El Cambio Climático aumentará los desplazamientos forzados hasta 200 millones de refugiados ambientales los próximos 30 años.
Las zonas degradadas sufren una merma importante de su población activa y en las zonas urbanas dispara la situación de vulnerabilidad en los cinturones de miseria y la falta de acceso a servicios públicos básicos.
Pero en vez de acoger a los refugiados miles de inmigrantes mueren cada año en las rutas migratorias por las políticas restrictivas de la UE y la militarización cada vez mayor de las fronteras. Denunciamos al Gobierno español y la Unión Europea por sus políticas migratorias que violan sistemáticamente los Derechos Humanos e incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.
Trece años después del Primer Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones en Almería, constatamos que los Gobiernos y las Naciones Unidas no han tomado las medidas necesarias para evitar que decenas de miles de personas se mueran al ser expulsados de sus hábitats por la degradación ambiental. Además, a la hora de buscar los planes de acción, se omite sistemáticamente las responsabilidades de las políticas públicas de los Estados, las empresas y los organismos multilaterales.
Sodepaz y Didesur responsabilizan a los Estados y las empresas transnacionales por la destrucción de la cubierta vegetal, la erosión del suelo y la falta de agua, problemas provocados por la sobreexplotación de los recursos naturales y de la modificación de la naturaleza.
1. Ejemplo: La deuda externa ha incentivado la explotación indiscriminada de los recursos naturales en los países empobrecidos, ya que su exportación es una de las pocas formas que tienen estos países para hacerse con suficientes divisas para poder pagar el servicio de la deuda.
2. Ejemplo: En el mundo entre 2000 y 2005 se perdieron 7,3 millones de hectáreas de bosques cada año. Entre las causas de la deforestación y la degradación de los bosques destacan las políticas gubernamentales de sustitución de bosques naturales por plantaciones industriales de árboles palma aceitera, eucalipto, pino-, así como el avance de la frontera agrícola por los monocultivos agroindustriales para la exportación. Esta situación se está agravando por la creciente demanda de materia prima para producir los mal llamados "biocombustibles".
3. Ejemplo: La expansión de la agricultura se realiza a expensas de los hábitat naturales. Existe el riesgo que la deforestación en las zonas tropicales pueda afectar regiones enteras con sequías e impactar la totalidad de los bosques tropicales. Ello originaría la emisión de 120 mil millones de toneladas de CO2 causando así la extinción masiva de especies de flora y fauna, alterando las precipitaciones en gran parte del hemisferio norte y poniendo en riesgo la disponibilidad global de alimentos.
4. Ejemplo: En la actualidad, el ciclo del agua está profundamente alterado. Más de la mitad de los 192 ríos más importantes del mundo se encuentran afectados por presas que están financiados en buena medida por dinero público o por el Banco Mundial.
En nuestra opinión el esquema clásico de desarrollo la "revolución verde" para intensificar la agricultura y la industrialización de las ciudades, para absorber el éxodo rural provocado por la agricultura industrial- ha demostrado su invalidez para resolver los problemas sociales y ambientales mundiales. Por ello es urgente promover políticas y leyes que reconozcan la soberanía alimentaria como un derecho humano básico. Reclamamos una verdadera reforma agraria que garantice la igualdad de derechos para las mujeres y a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todos los trabajadores.
Demandamos un compromiso calendarizado del Gobierno español de adoptar mecanismos para: proteger jurídicamente a los refugiados ambientales ampliando el concepto de refugiado; impedir toda deforestación de bosques naturales; recuperar las zonas afectadas por la desertificación y aplicar políticas que eviten su avance; establecer reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales; la creación de un fondo de compensación; ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa; así como promover las acciones legislativas y reglamentarias pertinentes para frenar el Cambio Climático.
Más información: http://www.ecologistasenaccion.org/desertificacion/
