Leonor HurtadoCementos Progreso SA con inversión de la empresa suiza Holcim avanzan en la construcción de la industria de cemento, al mismo tiempo que refuerzan su ataque contra la población kaqchikel que se opone a la industria minera y contra la instancia mediadora Secretaría de la Paz (SEPAZ) Coordinada por Orlando Blanco.
La violencia y confrontación entre la población del municipio de San Juan
Sacatepéquez inició en 2005, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
otorgó, sin informar ni consultar con la población, tres licencias mineras que
abarcan un tercio del territorio municipal. Al mismo tiempo Cementos Progreso
realizó los trámites para obtener licencia de explotación de materiales de construcción
e instalación de una fábrica de cemento. Ante esta violación de la autonomía
municipal, allanamiento del territorio kaqchikel y violación de múltiples
artículos de la Constitución de la República, el Convenio 169 OIT, el Código
Municipal y la Ley de Descentralización, la población desarrolló un proceso de
información y organización para defender su territorio, sus derechos y su
identidad.
En mayo de 2007 se realizó la Consulta Comunitaria en las doce
comunidades directamente afectadas por Cementos Progreso y más del 99% de los
votantes expresaron su oposición a la minería en su territorio. Los resultados
de la Consulta autenticados por abogados fueron presentados al MEM al Congreso
de la República y a la Corte de Constitucionalidad. A pesar de ello, en
septiembre de 2007 el MEM otorgó la licencia de explotación a Cementos
Progreso.
La violencia criminal inicia después de la Consulta Comunitaria, veinte
personas han sido asesinadas en situaciones confusas, las cuales han sido
calificadas por los medios de comunicación como "violencia común" o acciones
contra las maras. También se ha registrado el encarcelamiento de más de setenta
ciudadanos de las comunidades que se oponen a la minería y a la construcción de
Cementos Progreso. Los procesos de defensa de la población han sido asumidos
por la Asociación de Abogados Mayas y su presidente Lic. Amilcar Pop sufrió un
atentado contra su vida en agosto 2008 y Licda. Carmela Curup es continuamente
amenazada de muerte.
En esa confusa y tensa situación, en junio 2008 ocurrió la muerte de
Francisco Tepeu, empleado de Cementos Progreso, hecho que utilizó el presidente
Álvaro Colom para imponer el estado de Excepción y ocupación militar en el
municipio durante quince días. Este tiempo fue aprovechado para la libre
movilización de maquinaria de Cementos Progreso por territorios indígenas, como
lo denunció Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, después de realizar una
visita y dialogar con los líderes comunitarios.
Al concluir el estado de Excepción la Procuraduría
de los Derechos Humanos informó haber recibido veintiuna denuncias de abusos
cometidos por las fuerzas armadas combinadas durante la suspensión de garantías,
agresiones que incluyen violación de mujeres, maltrato de niños, robo de bienes
de la población, ocupación de viviendas y utilización como puesto de
operaciones militares, impedimento de movilización para los agricultores.
En
agosto 2008 el gobierno nombró como mediador a Luis Velásquez,
quien está a favor de Cementos Progreso; Velásquez impuso la creación del
Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE, sin estar legítimamente representadas
las comunidades afectadas y participando Jorge Lemke, Gerente de Cementos
Progreso, individuo ajeno al quehacer municipal. En esa oportunidad se ofreció
la instalación de maquiladoras en San Juan Sacatepéquez para promover el
desarrollo económico, ignorando la vocación agropecuaria del territorio y desconociendo
las demandas de la población.
En septiembre 2008 se instaló una mesa de negociación con
participación de SEPAZ, pero el diálogo no ha avanzado. Lo ha entorpecido un
grupo recientemente integrado, el llamado Movimiento Comunitario Indígena por la Paz y
el Desarrollo Integral "Francisco Tepeu", el cual defiende a Cementos Progreso
y califica a quienes se oponen como "los anarquistas y extremistas". Así mismo ha hecho acusaciones contra
SEPAZ y sus dirigentes.
El 9 de
octubre en un comunicado Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez señaló "no
estamos en contra ni a favor de la instalación de la Fábrica Cementos Progreso,
sino que estamos a favor de la legalidad con que se llevo el procedimiento para
la autorización de la licencia".
Como acción
internacional ante esta problemática se conoce que el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la Organización de Naciones
Unidas en su 73º período de sesiones del 28 de julio al 15 de agosto 2008 envió
carta al presidente Colom, señalando conocer que los pueblos Maya Achí,
Q"eqchi" y Kaqchikel serán afectados por actividades perjudiciales para el
ambiente, la salud y las formas tradicionales de vida a de sus pueblos. Así
mismo conoce el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Xalalá, la
explotación de la compañía Maya Níquel y la instalación de la fábrica Cementos
Progreso en San Juan Sacatepéquez. Proyectos que degradan los recursos
naturales necesarios para la subsistencia de las comunidades locales, impactan
negativamente la cultura e identidad de las comunidades, generan conflictos y
divisiones internas y violencia, con consecuencias sobre los derechos humanos y
los derechos de los pueblos indígenas. El CEDR lamenta que los pueblos
indígenas no hayan sido consultados e informados acerca de estos proyectos y
solicita información sobre las medidas tomadas para asegurar el derecho de participación
y consulta de los pueblos. La carta está firmada por Fatimata-Binta Victoire
Dah, Presidenta del CEDR, ONU. El presidente Colom no ha informado de esto a la
población guatemalteca.
Ante la grave
situación que vive la población de San Juan Sacatepéquez que se opone a la
minería y a Cementos Progreso, el gobierno nada ha hecho a favor de los
derechos de la población kaqchikel que durante siglos ha habitado y resguardado
ese territorio.
