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Las empresas privadas y la cooperación, el caso de SETA en Nicaragua

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El diputado de ICV Joan Herrera ha enviado un escrito al Gobierno denunciando que ni la desaladora financiada por el gobierno español en la época de Aznar a través dela Sociedad Española de Tratamiento de Agua (SETA)  y  que iba a suministrar agua a 53.000 vecinos  no funciona ni tampoco los  17 kilómetros de tuberí­a de mala calidad suministrados.

La obra se financió con  un crédito de 11 millones de euros,  SETA dejó el proyecto y ha obtenido dinero público para actuar en otras dos ciudades de Nicaragua.
Bluefields es la ciudad cabecera de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), que dista 383 kilómetros de Managua y tiene una población de 45,457 habitantes. Pero sólo 1,151 personas están conectadas al servicio de agua, que no es potable, sino salada.

La planta desalinizadora de Bluefields fue financiada con un crédito del Fondo de Ayuda para el Desarrollo (FAD), otorgado por el Gobierno español, y fue ejecutada por la Sociedad Española de Tratamiento de Agua (SETA), de ese mismo paí­s.

El proyecto incluí­a originalmente la planta desalinizadora con capacidad para producir 120 metros cúbicos de agua por hora, dos tanques de almacenamiento (uno rehabilitado y otro nuevo con una capacidad de almacenamiento de mil metros cúbicos de agua), 17 kilómetros lineales de tuberí­a y quince hidrantes en toda la ciudad.

Sin embargo, el director general de SETA, Antonio Garcí­a Panadero, justificó en una entrevista con LA PRENSA que un reajuste en el costo del proyecto obligó a realizar un adéndum del contrato original que dejó las conexiones domiciliares en manos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).

El delegado de Enacal en Bluefields, Orlando Barrios, asegura que actualmente la planta no funciona como deberí­a hacerlo porque su operación es insostenible y el proyecto desde sus inicios era inviable. Para el funcionario local, el proyecto realizado por el Gobierno anterior y la ejecutora española es "un desastre". Enacal sostiene en una nota de prensa que los problemas con la planta desalinizadora obedecen a un mal diseño, defectos técnicos e incumplimientos del proyecto por los que culpó a la administración anterior.

El ex presidente ejecutivo de Enacal, Luis H. Debayle, aseguró que su administración heredó el diseño y licitación del proyecto de la administración de Arnoldo Alemán. Debaye admitió que "el mantenimiento de la planta es costoso".
(Fuente La Prensa y Público)

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