El ladrillo ha desembarcado en las playas vírgenes de Marruecos. Los ecologistas acusan a la inmobiliaria española Martinsa-Fadesa de causar un «desastre natural» en un arenal
Saidía, la perla azul del Mediterráneo. Así llamaban los marroquíes a esta playa: 10 kilómetros de arena blanca frente a las costas almerienses, flanqueados por una joya ecológica, un bosque endémico de enebro rojo, único en Marruecos.
Este ecosistema cobijaba a especies protegidas, como la tortuga griega, reptiles rarísimos (como los eslizones), camaleones y aves migratorias. Pero esta descripción forma ya parte del recuerdo. Muchos indignados habitantes de Saidía sienten que les han arrebatado un patrimonio que debían legar a sus hijos.
Su indignación tiene nombre español: el de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, a la que acusan de haber transformado un paraíso natural en un panorama de cemento y grúas.
Para ellos, la playa vio su destino sellado cuando esta compañía ganó en 2003 la licitación para construir, a través de su filial en Marruecos, un gran complejo turístico. Éste consiste en una urbanización que abarca 700 hectáreas, con seis kilómetros de playa, hoteles, un puerto deportivo, 3.000 viviendas y tres campos de golf.
"Esta urbanización es un crimen en el que las autoridades marroquíes han sido cómplices", denuncia tajante el ingeniero agrónomo Mohamed Benata, presidente del Espacio de Solidaridad y de Cooperación de la región Oriental (ESCO).
Antes incluso de que las excavadoras llegaran, este ecologista advirtió del "desastre" en ciernes. No sólo por lo ya irreparable; es decir, "la destrucción del bosque y las dunas, el saqueo de la arena y la masacre de tortugas, camaleones y otras especies".
También porque el complejo se sitúa a las puertas del humedal más vasto de Marruecos y uno de los más importantes del Magreb, la desembocadura del río Mouluya, clasificado como Sitio de Interés Biológico.
El estuario de este río alberga 131 especies de aves migratorias, de las que dos terceras partes anidan allí, y 636 especies de fauna. Esta desembocadura está protegida por la Convención Internacional de Humedales de Importancia.
Este acuerdo se aplica a "ejemplos únicos de humedal", en los que viven "especies en peligro o peligro crítico".
Un humedal muy vulnerable
El proyecto debe proveer de agua a los turistas, los hoteles, y, sobre todo, a los tres campos de golf. Las necesidades de agua de la urbanización, que se prevén enormes, inquietan no sólo a Benata, quien teme que la urbanización "acabe con el humedal en tres años", sino también a Najib Bachiri, presidente de la Asociación Hombre y Medio Ambiente.
Bachiri teme que el complejo cause una "catástrofe ecológica". Ambos recuerdan que la empresa se había comprometido a regar los campos de golf con aguas residuales. En su lugar, denuncian, "están utilizando el agua del río y su zona protegida".
Público se ha puesto en contacto con la compañía Martinsa-Fadesa para conocer su versión sobre estos hechos. La empresa reconoce, en un correo electrónico, estar regando "sólo un campo de golf" y admite que "provisionalmente" se abastece "con una estación de bombeo del río Mouluya".
Sin embargo, en su correo de respuesta asegura que "el impacto se considera mínimo", porque "sólo necesita regar 200 hectáreas".
La empresa asegura estar aplicando "un plan de optimización del uso del agua" y afirma que, en cualquier caso, "la compañía ha implementado ya medidas de protección, recuperación y regenaración ambiental, más allá de lo que exige la ley".
Y concluye: "Tenemos la preocupación de preservar el equilibrio natural de la región".Benata discrepa de estas afirmaciones. Explica que "el ecosistema del humedal se basa en el equilibrio entre agua dulce y salada; si se extrae agua dulce, el agua del mar saliniza el río, lo que puede acabar con las especies que viven allí".
Esta opinión es compartida por Manolo Soria, de la ONG española Ecologistas en Acción . La organización está dando su apoyo a ESCO y otros grupos que se han unido en una plataforma para salvar la biodiversidad del Mouluya.
"El uso del agua de los acuíferos y la utilización de pesticidas para los campos de golf serán nefastos", deplora Soria. "Y ello en razón de un "modelo turístico caduco, el de los campos de golf", añade.
Pero no sólo los ecologistas están alzando la voz. También lo hacen algunos políticos. La senadora franco-marroquí, Alima Boumediene-Thiery, respalda a la plataforma. En su opinión, la inmobiliaria española "se ha aprovechado de la falta de control del Gobierno [de Marruecos], que vende el país al mejor postor".
La plataforma ecológica tiene además muchas dudas de que se haya cumplido con la obligación de efectuar un estudio de impacto medioambiental.
Martinsa-Fadesa no facilita una copia del estudio de impacto, aunque sostiene que el informe "se entregó en las bases del concurso". Con respecto a la destrucción de las dunas, la compañía añade que solicitó "un informe de evaluación ambiental suplementario para el tratamiento dunar, que propone algunas medidas". Pero estas medidas, reconoce, están "pendientes de desarrollar".
La inmobiliaria recalca en su correo de respuesta que el proyecto prevé crear "8.000 empleos directos y 40.000 indirectos". A Benata este argumento no le vale: "Los turistas vienen por la diversidad de esta naturaleza; si se destruye, a largo plazo, ya no habrá turistas".