¿QUIEN SE OPONE A LA PAZ EN COLOMBIA?
Teresa Sagrado (Grupo Colombia Sodepau Valencia)
Hace tres años que se iniciaron estos diálogos en una
zona de despeje de 42.000 Km cuadrados en el sur de Colombia (Cagúan)
despertando la esperanza de una posible salida negociada a los conflictos
que atenazan a este país desde hace más de 4 décadas.
Durante los primeros años se mantuvieron diversas reuniones entre
los interlocutores de ambas partes para elaborar un "Agenda Común
para el Cambio" cuyo encabezamiento rezaba: Se buscará una solución
política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una
nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas
y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo
Estado fundamentado en la Justicia Social...." y aseguraba: " En la medida
en que se avance en la negociación, se producirán hechos
de paz....".
Sin embargo, a pesar de la buena voluntad expresada sobre el papel,
la realidad es que no se han conseguido avances significativos en ninguno
de los 12 puntos de la agenda original; muy al contrario, en este tiempo
se ha observado un empeoramiento de las condiciones de vida y de seguridad
de los/as colombianos/as y una precarización de las oportunidades
de futuro tanto individuales como colectivas en todo el país.
La criminalización de las protestas sociales que surgen como
respuesta a la imposición de las políticas neoliberales,
la contrareforma agraria, la privatización de los recursos naturales
y de los servicios sociales, la injusta distribución de las riquezas
nacionales, la eliminación de la oposición política,
la falta de garantías judiciales y procesales, la destrucción
del tejido social, la permisividad manifiesta ante la actividad de los
grupos paramilitares, la corrupción institucional y el abuso de
poder, son algunos de los hechos que demuestran que hace falta algo más
que buenas palabras para lograr un cambio sustancial en las raíces
del conflicto.
A lo largo de estos años, se ha podido observar como la cifra
de homicidios aumentaba de forma imparable (más de 30.000 al año)
así como las denuncias por torturas y por desapariciones forzadas,
la mayoría de las cuales se cometen al margen del conflicto armado
(85% de las víctimas son civiles inermes), lo que debería
hacernos reflexionar sobre donde se encuentra el verdadero problema en
Colombia, en vez de centrar el drama colombiano en la existencia de grupos
insurgentes.
El siempre delicado estado de los diálogos de paz entre Gobierno
y FARC-EP; y la inexistencia de diálogo con otras fuerzas insurgentes
del país o con la sociedad civil (que no se siente representada
por el Gobierno), es fruto de la falta de voluntad real de hacer cambios
profundos, lo que conllevaría la eliminación de los privilegios
de las élites, una participación real de la población
en la conducción del país y la liberación de la injerencia
estadounidense en los asuntos del estado colombiano, mientras que la situación
de rompimiento en el momento actual bien podría circunscribirse
en la escala de "efectos colaterales del 11 de septiembre", ya que a raíz
de estos acontecimientos se han aprobado cerca de 50 millones de dólares
para reforzar a las unidades antisecuestro Gaula y para aumentar el seguimiento
y trabajo de inteligencia sobre los grupos guerrilleros, así como
el planteamiento de utilizar, ya de forma abierta, a las unidades antinarcótico
y la financiación del Plan Colombia para la lucha contrainsurgente
amparados por la "doctrina de defensa" que actualmente esta en vigor en
las leyes estadounidenses y por la nueva estrategia de lucha mundial antiterrorista.
Las cartas están echadas y el día 20 de Enero termina
el plazo dado por el presidente Pastrana para la continuación del
proceso. El Gobierno pide a las FARC-EP que acepten la medidas de control
en la zona periférica del Cagúan y se establezcan plazos
concretos de discusión sobre el secuestro de personas, los ataques
contra la población civil y la destrucción de infraestructuras,
manifestando su voluntad de continuar con los diálogos si la insurgercia
demuestra un "cambio de actitud". Las FARC-EP, por su parte, insisten en
que ellos no se han levantado de la mesa de negociación y piden
al Gobierno que cesen lo sobrevuelos sobre las zona de despeje, que se
eliminen los retenes militares y paramilitares que cercan la zona y que
impiden el paso a cuidadanos extranjeros y población colombiana,
así como una aclaración oficial sobre el calificativo de
"grupo terrorista" con que los ha definido el gobierno de los EEUU. En
ese mismo comunicado reiteran su voluntad de continuar los diálogos
aceptando la ayuda de personalidades y organismos internacionales para
salvar el proceso.
No parecen exigencias muy difíciles de alcanzar si se compara
con la ardua tarea de dotar de contenido los puntos de la Agenda Común
para el Cambio, por lo que quizás sea éste el verdadero motivo
de la ruptura, no llegar nunca al verdadero ojo del huracán, ya
que estos cambios, de lograrse, supondrían un verdadero revulsivo
para otros países de la región Andina y del resto del mundo
y frustrarían los planes de EEUU para la zona, frenando su carrera
hacia su hegemonía mundial.
A pesar de todo ello, abogamos por una salida negociada como la solución
más sensata al conflicto armado y social que vive Colombia desde
hace más de 40 años, haciendo hincapié en que, mientras
duran las conversaciones, se debe dar máxima prioridad a la salvaguardia
de los derechos humanos y al cumplimiento de las recomendaciones que en
esa materia ha elaborado Naciones Unidas, sobretodo en lo que respecta
al desmantelamiento de los grupos paramilitares, la depuración de
las Fuerzas Armadas y a la necesidad de una justicia efectiva que elimine
la impunidad; y aceptando que es necesario realizar profundas reformas
estructurales que sirvan de base para construir un país nuevo, basado
en la justicia social y en el respecto por los derechos humanos, sociales,
políticos, económicos y medioambientales de todos los/as
colombianos