CERIGUA
En lo que va del 2011, El Ministerio de Gobernación ha reportado la muerte violenta de 291 niñas, adolescentes y mujeres; el Estado guatemalteco aún no cuenta con un sistema de conteo oficial que permita contrarrestar las consecuencias del subregistro; el 26 de mayo del presente año habían reportado 328 hechos.
Se trata, en su mayoría, de mujeres trabajadoras, comerciantes o empresarias, víctimas de bandas de extorsionistas que piden determinadas cuotas para no asesinarlas o no atacar a sus familias; otro número significativo de casos se encuentran relacionados con las actividades de grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
De acuerdo con la Investigación en Prensa Escrita sobre Violencia contra las Mujeres, elaborada por la Agencia Cerigua, durante el presente año también se han incrementado los desmembramientos y las decapitaciones de mujeres, principalmente de adolescentes que cuyos restos aparecieron en distintas localidades de la ciudad.
Con la asesoría del movimiento de mujeres, de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia contra la Mujer (CONAPREVI) y de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), se ha logrado colocar en la agenda política el debate sobre la necesidad de desarrollar un sistema de conteo de esos casos para evitar la duplicidad y el subregistro, que además permita conocer detalles sobre el femicidio.
Un promedio del 15 por ciento de mujeres muertas de forma violenta son enterradas como XX cada año, otras aun no han sido encontradas; en junio fueron encontradas las cabezas de dos adolescentes, sus victimarios pedían 50 mil quetzales a las familias para devolver sus cuerpos.
Guatemala cuenta con la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra las Mujeres, que tipifica el femicidio y reconoce la saña y la misoginia como elementos determinantes a la hora de asesinar a una mujer por el hecho de serlo.
Según análisis de la Alianza para la Acción: Previniendo los Femicidios, el sistema de justicia presenta deficiencias a la hora de aplicar la ley, debido a criterios de interpretación; el machismo y el desprecio hacia las mujeres forma parte del quehacer de los operadores de justicia.
