Detenciones por la movilizacion popular contra la privatizacion del agua
El lunes 2 de julio a tempranas horas de la mañana, la Policía NacionalCivil Salvadoreña capturó, en el Municipio de Suchitoto, Departamento de
Cuscatlán, a Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno, María Haydee
Chicas y a Manuel Antonio Rodríguez, tod@s pertenecientes a la
Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador
(CRIPDES).
Las detenciones se efectuaron cuando se dirigían hacia la ciudad de
Suchitoto para participar en un foro de discusión sobre la privatización
del agua a celebrarse en el parque central de la ciudad.
Cabe indicar que en la Plaza Central del Municipio de Suchitoto,
familias rurales de las comunidades de la zona realizaban una actividad
pacífica en contra de la privatización del agua; este lugar había sido
seleccionado por el Presidente del país Elías Antonio Saca para hacer el
lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización de los
Servicios Básicos, la cual ha sido seriamente cuestionada por los
sectores populares por ser la que daría paso a la privatización del agua
con su consecuente encarecimiento y por tanto, más difícil de adquirir
para las mayorías pobres.
Los integrantes de CRIPDES, a pesar de no haber participado en dichas
acciones, fueron perseguid@s por la policía que interceptó el
vehículo en que se trasladaban, procediendo de inmediato a golpear al
conductor. Luego de ser esposados fueron trasladados a la delegación
policial d Suchitoto, y luego a Cojutepeque, Santa Cruz Analquito y
posteriormente de regreso a Cojutepeque.
Al pasar por el parque centra de Suchitoto, donde se realizaba el foro
con la participación de habitantes de las comunidades-, y al enterarse
de las capturas, la población intentó negociar con la Policía Nacional
Civil la liberación de todas las personas. Como respuesta, la Unidad de
Mantenimiento del Orden UMO- de la PNC, hizo gala nuevamente de su
brutalidad reprimiendo y procediendo a nuevas capturas. La policía hizo
disparos, lanzó gases lacrimógenos, persiguió y cateó viviendas. Además
hubo sobrevuelo de helicópteros como si de un operativo militar se
tratara.La acción represiva dejó como saldo: 16 personas capturadas y
más de 50 heridas e intoxicadas.
Lo ocurrido este 2 de julio acentúa el retroceso al proceso de la
construcción de la democracia iniciado con los acuerdos de paz que
pusieron fin al conflicto armado en El Salvador, al tiempo que se está
perfilando la instauración de una política de terrorismo de Estado que
busca sembrar temor en la población y coartar cualquier descontento ante
las políticas impopulares que el gobierno de Saca está implementando en
el país.
La represión de la policía nacional salvadoreña en contra de familias
rurales que se pronunciaban pacíficamente contra la privatización de un
bien común, contrasta radicalmente con los discursos de Antonio Saca en
lo relativo a la sagrada libertad de expresión, la supuesta política de
inclusión, y el goce de la democracia plena en El Salvador.
Los golpes, capturas, persecución, cateos y el sobrevuelo de
helicópteros traen tristemente a la memoria los peores momentos vividos
por la población durante la oscura época del militarismo en el país
centroamericano.
Ante esta situación, los representantes de organizaciones populares y
sociales que integran el Frente de Unidad Social por un Nuevo País,
dirigieron un comunicado a la Asamblea Legislativa, expresando su
preocupación e indignación ante los hechos represivos cometidos por las
fuerzas de seguridad el la localidad de Suchitoto.
El Frente de Unidad Social por un Nuevo País solicitó a la Asamblea
Legislativa:
1. Que cree una comisión especial que investigue los hechos suscitados
en Suchitoto el día 2 de julio del 2007, que derivó en la persecución,
captura, represión por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y sus
unidades elites a población que se manifestaba pacíficamente contra la
privatización del agua; esto de acuerdo al Art. 131, numeral 32 de la
Constitución. Además, cite al Ministro de Seguridad Pública y Justicia,
al Fiscal General de la República y al Director de la PNC, de acuerdo al
Art. 132 de la constitución, para que expliquen las acciones realizadas
por la PNC y la criminalización que se hace de las organizaciones
populares y sociales a través de leyes violatorias de los derechos humanos.
2. Que se pronuncie públicamente en contra de la persecución, captura y
la represión contra el movimiento social, considerando que esta
situación en nada contribuye a la construcción de la paz social.
Asimismo, en relación a la ley especial contra actos de terrorismo y la
ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, por
atentar contra el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso y
los demás derechos constitucionales.
El CRIPDES así como la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo
Comunal de El Salvador (CORDES) demandaron la inmediata libertad de los
detenidos, el respeto a su integridad física y moral, expresaron su
solidaridad con sus familiares, rechazaron cualquier vinculación que,
de manera tendenciosa, funcionarios públicos han hecho en relación a los
actos del 5 de julio de 2006, y reiteraron su compromiso de trabajar por
el desarrollo económico y social de las comunidades rurales.
