Carlos Lage Davila¹

EL sector de la salud enfrenta las limitaciones que inevitablemente impone una guerra económica de tales proporciones, pero las dificultades y obstáculos que se presentan en particular en este campo, evidencian cuánto cinismo es necesario acumular para hablar de derechos humanos mientras se intenta doblegar a un pueblo por hambre y enfermedades.

Una de las primeras acciones fue tratar de dejarnos sin médicos y se valieron de todo su poderío y recursos para conseguir ese perverso propósito.

Desde 1960 las firmas norteamericanas comenzaron a disminuir sus suministros de medicinas y alimentos a Cuba, hasta que en 1964 el Gobierno de Estados Unidos suspendió oficialmente toda venta. Téngase en cuenta que por esa época, en nuestro país habían registrados más de 20 mil productos farmacéuticos y de uso médico de procedencia norteamericana.

Prohibirle a un país el acceso a alimentos, medicamentos y equipos médicos, además de ser rechazado por las leyes internacionales y por normas elementales de convivencia humana, resulta algo insólito y sin antecedentes incluso entre naciones en conflicto bélico.

Debe tenerse presente que en este caso el país agresor es la mayor potencia económica del mundo, alcanza el 25% del Producto Interno Bruto del planeta y algunas medicinas y suministros médicos solo pueden obtenerse en los Estados Unidos o mediante subsidiarias de compañías norteamericanas.

En 1981 una epidemia de dengue hemorrágico afectó en Cuba a más de 300 mil personas, y causó la muerte a 158, de ellas 101 niños. El Departamento de Estado negó entonces la venta y envío a Cuba de los equipos de fumigación y productos químicos necesarios para enfrentar y erradicar esa epidemia.

Como demostración del fracaso de la política de bloqueo Estados Unidos, después de 30 años, decidió aprobar en 1992 la Enmienda Torricelli, mediante la cual proscribió el comercio con Cuba de subsidiarias norteamericanas en terceros países. El monto de las transacciones comerciales que entonces teníamos con esas compañías, era de más de 700 millones de dólares cada año, de lo cual correspondía a alimentos y medicamentos el 90%.

Nuestros niños con cáncer no pueden ser tratados con determinados medicamentos, de factura norteamericana, como carboplatino, neupogen y taxol, que aumentarían su esperanza de vida; por la misma razón, tampoco podemos adquirir catéteres arteriales especiales que ayudarían a evitarles sufrimientos innecesarios.

Tenemos incluso condiciones para elaborar determinadas drogas citostáticas pero nos está prohibida la compra de la materia prima necesaria, que solo se produce en Estados Unidos.

La empresa Avalon Trading Company de Nueva York, a la que hemos intentado comprarle equipos de ultrasonido y autoclaves, se ha negado a vender en razón de las prohibiciones del bloqueo.

La compañía Cardiac Pacmaker INC expresó su disposición a vendernos el desfibrilador para la sobrevivencia de pacientes infartados y se le denegó la licencia, otras han sido objeto de persecución y multas por el solo hecho de haber intercambiado información científica con nuestro país.

El desarrollo de la producción biofarmacéutica se ha visto afectado por presiones, como la proscripción explícita de ventas a Cuba de productos relacionados con esa industria, así como por las gestiones de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para desacreditar nuestros productos y entorpecer nuestras negociaciones con otros países.

Hemos recibido donativos de equipos médicos de producción norteamericana para los cuales se nos ha prohibido la venta de piezas de repuesto, tal es el caso de unidades de diálisis o respiradores neonatales para niños de bajo peso o con dificultades al nacer. Otro tanto nos ocurre con las piezas necesarias para el equipamiento de las plantas de tratamiento de agua con base en el cloro, lo cual perjudica la potabilización del agua.

En menos de un año hemos tenido que cambiar en tres oportunidades de suministrador de marcapasos, porque las empresas que lo hacían fueron compradas por alguna firma norteamericana, lo cual ha generado una elevación de precios y la inestabilidad en su arribo al país.

Otro caso es el de la compañía sueca Pharmacía, la cual desde 1970 había realizado ventas de equipos y medicamentos a Cuba y al fusionarse con una compañía norteamericana cesaron estas operaciones con nuestro país.

Hay firmas de terceros países que no nos han podido suministrar piezas de repuesto para las mesas de operaciones, porque son de origen norteamericano o no han proseguido la venta de reactivos, porque su casa matriz se los prohíbe; otras han cancelado contratos, y ni siquiera se les ha permitido vendernos equipos de segunda mano.

Tenemos equipos médicos de fabricación norteamericana, paralizados por falta de piezas de repuesto. En el caso de los equipos de Rayos X, el Departamento de Comercio de Estados Unidos le prohibió a la subsidiaria canadiense de la Picker International que nos los vendieran, porque contenían un 27% de componentes norteamericanos.
El Gobierno de los Estados Unidos trata de salvar su imagen ante la opinión pública, al decir, una y otra vez, que autorizan las ayudas humanitarias.
Agradecemos a las instituciones de ese país que las proporcionan, el gesto humanitario y los beneficios de las donaciones, pero estas, como es natural, no sustituyen el comercio por su limitado volumen y su intermitencia y en el caso de las provenientes de los Estados Unidos por los complejos requerimientos para las licencias de viaje y por la ausencia de vuelos directos, que multiplican los gastos de los donantes. Por demás, las donaciones procedentes de ese país han representado el 5% de la ayuda humanitaria total recibida por Cuba en estos años de período especial y el 0,03% de lo destinado por el Presupuesto del Estado cubano a la salud pública en igual período.
En este aspecto, algo verdaderamente insólito resulta que el Gobierno norteamericano incluye en las licencias otorgadas bajo ese concepto, las donaciones de organizaciones, como Pastores por la Paz, que han enfrentado obstáculos de todo tipo, y cuyos integrantes han sido amenazados y hasta agredidos físicamente por el hecho de querer donar computadoras al sistema de salud cubano.

(1) Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros