En las reuniones de Venezuela en la semana pasada, y de Panamá,
el 12-13/5/2002, Estados Unidos insiste en forzar convergencia en torno
de sus intereses. La postura de los gobiernos latinoamericanos ha
sido tibia, débil y cobarde. El contexto internacional no
es de liberalización, pero sí de creciente proteccionismo
comercial. Al inicio de mayo Estados Unidos decidió aumentar
los subsidios a los agricultores, reduciendo así la competitividad
de productos agrícolas importados. Esto afecta a algunos sectores
exportadores de los países en desarrollo, en particular a Brasil.
Algunas semanas antes
Estados Unidos había tomado medidas proteccionistas contra el
acero importado -y uno de los principales afectados también fue
Brasil. La reacción de la Unión Europea fue también
crear barreras al acero importado, ampliando el efecto negativo sobre las
exportaciones brasileñas de acero.
Observamos también que el comercio internacional decreció en los últimos 12 meses, excediendo apenas los US$ 6 billones en 2001 -un valor casi despreciable, si se compara con la danza de los capitales especulativos, cuyas transacciones exceden los US$ 1,5 billones por días!
El telón de fondo de este avance del proteccionismo de los países
ricos y de esta disminución de la actividad comercial
internacional para la economía de los países altamente
endeudados, como Brasil y Argentina, es que ellos están
supuestamente en pleno esfuerzo para ampliar sus balanzas comerciales
a fin de viabilizar el servicio de la deuda externa
-en realidad, del conjunto del pasivo externo, incluyendo las transferencias
en divisas relativas a lucros, dividendos,
royaties y otros pagos. Hay que considerar además el agravamiento
de la vulnerabilidad externa del sector público
brasileño ante una megadeuda interna, un tercio de la cual en
títulos con corrección cambiaria. Dificultades en el
ámbito de
las exportaciones obligan a Brasil a un esfuerzo extra para reducir
las importaciones, a fin de obtener algún superávit
comercial, o al menos evitar un déficit, que cargaría
seriamente la situación de sus reservas internacionales y lo obligaría
a
una nivelación aún más costosa de la deuda externa.
La conclusión es que los países del Norte, sobre todo
Estados Unidos, no tienen ningún empacho en aumentar las dificultades
comerciales de los países endeudados, en particular de algunos
"emergentes" (hoy sumergidos) como Brasil y Argentina. En este
año electoral en Brasil, la impresión que dan los negociadores
de Estados Unidos es que desean crear la mayor presión posible
sobre el gobierno que tomará posesión al inicio del 2003.
Merece, pues, que nos detengamos en los elementos esenciales de la propuesta
de los Estados Unidos para el ALCA, presentada en la reunión de
Venezuela hace pocos días.
1. En la reunión de Venezuela fue definido que los países
integrantes de la futura ALCA deberán entregar hasta el
15/1/2003 sus propuestas de liberalización de mercados en cinco
áreas fundamentales:
* bienes industriales
* agricultura
* servicios
* compras gubernamentales
* inversiones directas extranjeras
Liberalización en cursiva, para indicar la orientación
política del acuerdo. Mientras Estados Unidos protege, a los
supuestos
asociados les obliga a liberalizar. A Estados Unidos, la mayor
potencia comercial de América, le interesa la "libertad", y la
"igualdad de derechos", pues con ellas Estados Unidos predomina y somete
a los asociados a las reglas que le favorecen. Es la ley del más
fuerte -el darwinismo comercial, coherente con el darwinismo social que
se refuerza en las relaciones de
producción capitalista. Pero para otros países
del continente, en particular aquellos de América Latina y Caribe,
esta libertad
es una trampa, y la igualdad de derechos se basa en la desigualdad
de condiciones en el punto de partida. Dar derechos
iguales a socios desiguales es beneficiar al más fuerte y perjudicar
a los ya perjudicados.
2. Se definió también que las tarifas referenciales
de exportación para la apertura comercial que el ALCA pretende
promover serán las que estuvieran en vigor el 15/1/2003, o las
que la OMC haya aprobado hasta el final del 2004. Prevalecerán
las que fueran más bajas. Con esto, el nuevo gobierno brasileño
no tendrá tiempo para tomar aliento. Ya de inicio estará
metido en un juego de cartas marcadas.
3. Con relación a las inversiones, Estados Unidos quiere
igual tratamiento a los capitales extranjero y nacional (algo que el
gobierno de Fernando Henrique Cardoso trató de introducir ilegítimamente
por enmienda constitucional luego del inicio del
primer mandato -un súbdito que es más realista que el
rey...). Notemos que la propuesta norteamericana en esta área retoma
diversos puntos del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que
fue derrotado en las negociaciones oficiales de la OCDE por presión
de los movimientos sociales globales, pero fue soterradamente transferido
al ámbito de la OMC. Hoy hace parte
de las discusiones de esa organización bajo el título
TRIMS (Medidas sobre Inversiones Relacionadas con el Comercio). La
liberalización de las inversiones externas se vienen infiltrando
en diversos acuerdos bi y multilaterales, inclusive bajo la
forma de condiciones en los paquetes de "salvamento" del FMI.
4. En relación a las compras gubernamentales, la pretensión
norteamericana es que las reglas del ALCA se apliquen no
solamente a nivel federal sino también a los gobiernos estaduales
y municipales. Esto significa una imposición más de
gobernanza de arriba hacia abajo. Las reglas que son buenas para
los protagonistas de la globalización del capital serían
impuestas hasta el nivel más local de gobierno, robando una
vez más la soberanía a la población de definir sus
propios caminos de desarrollo. A quién comprar, estimulando
puestos de trabajo para quién, valorizando los productos de quién,
adoptando qué políticas de precios -todo eso son decisiones
que deberían competir a la población de cada municipio y
estado, en acuerdo con sus respectivos gobiernos. Esto, claro, en
contextos de democracia participativa. La lógica del ALCA
es inversa: las decisiones vienen de arriba, en beneficio de los agentes
económicos más fuertes y capaces de ofrecer los precios más
bajos. Nuestra respuesta es: estos no deben ser las únicas
directrices para las compras gubernamentales. Es derecho
soberano de los países, estados y municipios el de decidir a
quién compran y con qué criterios. En la perspectiva
de la
socioeconomía solidaria, un criterio no necesariamente mercantil
se presenta: el de facilitar compras de empresas o redes de
producción asociativa, autogestionaria y ambientalmente sustentable,
y de comercio justo.
5. Recordemos que la Cámara de Representantes de Estados
Unidos
concedió al Ejecutivo, a fines del 2001, un mandato negociador
que saca de la negociación del ALCA todos los principales temas
de interés de Brasil (ver artículos de Paulo Nogueira Batista
Jr. en la Folha de Sao Paulo). La conclusión de este economista
en su artículo "Alca y Vocación Colonial" (FSP, 2/5/2002:
B2) es: "Y nadie en el gobierno brasileño parece hacer la pregunta
obvia - ¿qué es lo que Brasil aún está haciendo
en esa mesa de negociaciones?"
Evoquemos, en fin, las palabras del Embajador Samuel Pinheiro Guimaraes:
"La sociedad brasileña debe, por lo tanto,
movilizarse desde ya en defensa de preservar el derecho soberano de
Brasil a tener una política de desarrollo, que tiene que ser construida
por instrumentos de política comercial, industrial y tecnológica
que una futura ALCA vendrá a impedir definitiva y legalmente".
(Jornal dos Economistas, marzo del 2002: 5).
* Marcos Arruda, es economista y educador del PACS (Instituto de
Políticas Alternativas para el Cono Sur, Río de Janeiro)
y
miembro del Instituto Transnacional (Amsterdam).