ALAI-AMLATINA, 05/12/2001, Buenos Aires.  El régimen de
   convertibilidad está en crisis y ella se descarga sobre los sectores
   más desprotegidos de la sociedad. El desempleo sigue creciendo
   a niveles cercanos al 20%. La pobreza alcanza a 14 millones de
   argentinos. El trabajo informal se estima en el orden del 40%. La
   recesión de la economía afecta a los sectores de menores
   ingresos, que son la mayoría de la población.

   En ese marco se desató el viernes 30 de noviembre una fuerte
   corrida bancaria que se extendió a buena parte de los depositantes
   del sistema financiero. Se estimó en 1.350 millones los dineros
   retirados por los ahorristas, inversionistas y el propio sector
   público. En rigor, ese accionar de los depositantes se sumó a una
   continua extracción de fondos que venía aconteciendo desde enero
   de 2001. Más del 17% de los depósitos y de las reservas
   internacionales se perdieron desde entonces. El gobierno indicó
   que se trataba de un ataque a la moneda local de fondos buitres
   radicados en el exterior.

   En realidad, se trata de una larga crisis de la política económica
   que trasciende a esta administración y que tiene como eje las
   condicionalidades derivadas del endeudamiento externo y la
   concentración de las ganancias, la riqueza y el poder en muy
   pocas manos. En efecto, durante el presente año y bajo el índice
   de riesgo país y otros mecanismos, los acreedores y bancos
   transnacionales han presionado para obtener mayores rentas y
   garantías para sus inversiones. Los grandes grupos empresarios, a
   su vez, presionaron para obtener la impunidad sobre sus deudas
   bancarias, tributarias y previsionales, e incluso  el perdón de sus
   deudas con el Estado, tal como ocurre en el caso del no pago de
   canon en aeropuertos y correo. De la ofensiva de éstos capitales
   altamente concentrados resultan las regresivas políticas de déficit
   cero y ajuste en los estados nacional y provinciales, contribuyendo
   a deteriorar los indicadores sociales y profundizando la recesión,
   que por cierto, pagan los más débiles.

   La administración del Dr. De la Rúa actuó con el aval del gobierno
   norteamericano y sus influencias decisivas en el FMI, las que se
   materializaron con el blindaje financiero por 39.000 millones de
   dólares hace ya un año, completado luego con el mega canje de la
   deuda externa por 20.000 millones en mayo y ahora se acaba de
   cerrar la reprogramación local por 50.000 millones de dólares. En
   todos los casos se aseguraron condiciones para el cobro puntual
   de la deuda externa y alejando las posibilidades de una cesación
   de pagos. Para ello se garantizó el pago de las acreencias con
   recaudación tributaria.

   Ahora toca el turno del canje de títulos en manos de los
   acreedores externos, los cuáles indujeron fuertes maniobras
   especulativas tendientes a lograr una devaluación monetaria, o una
   dolarización total de la economía, o ambas cuestiones a la vez.
   Debemos aclarar que en las condiciones políticas y económicas
   actuales, ambas medidas (devaluación o dolarización) y la propia
   defensa de la convertibilidad tiene costos regresivos para la
   mayoría de la población.

   La insostenible corrida bancaria y la necesidad de mantener la
   regresividad de la política económica, llevó el 1 de diciembre
   pasado al Presidente de la Nación y a su Ministro de Economía a
   anunciar un nuevo decreto confiscatorio de los ingresos de los
   sectores populares y a una bancarización compulsiva de la
   mayoría de la población, empujando a una mayor dolarización. El
   segmento de mayores ingresos no se ve afectado, ya que están
   bancarizados desde hace tiempo y operan en ámbitos económicos
   también bancarizados. Es más, operan en distintas entidades
   financieras y con distintos instrumentos bancarios, con los que no
   tendrán obstáculos para operar, pese a las restricciones de extraer
   sólo $250 semanales. Buena parte de la pequeña y mediana
   empresa está informalizada por imperio de una política que
   restringe el mercado interno y los condena a la exclusión. Se
   plantea la necesidad de blanquear la economía y sin embargo es
   probable que los anuncios contribuyan a acrecentar el desempleo
   y a profundizar la recesión.

   En cambio, para aquellos trabajadores que reciben menos de
   $1.000 mensuales se ven impedidos de disponer libremente de sus
   magros ingresos e inducidos obligatoriamente a operar en
   entidades financieras. Se induce a la bancarización de aquellos
   trabajadores irregulares, como si ello dependiera de los propios
   actores. Se señala que se trata de operaciones gratuitas, por lo
   menos en la transición. ¿Quién asegura la continuidad de esa

   gratuidad luego de superada la emergencia bancaria, sugerida en
   90 días por las autoridades?

   El decreto también restringe la salida de dinero, olvidando que la
   política oficial ha favorecido la existencia de recursos de
   argentinos en el exterior similares al monto de la deuda externa
   pública y superiores al monto total del sistema financiero. El
   Estado ha tenido que salir a sostener su política desdiciendose de
   su brega por el libre juego del mercado. El mercado es una
   relación donde los más concentrados se impusieron sobre la
   mayoría de la población.

   Existe la necesidad de modificar sustancialmente la política en
   curso, poniendo el acento en la distribución progresiva del ingreso
   y la solución a las demandas de los sectores sociales más
   necesitados.

   Ese es el espíritu de la convocatoria a la Consulta Popular a
   desarrollarse entre el 13,14 y 15 de diciembre para aplicar un
   Seguro de Empleo y Formación de $380 mensuales para cada
   Jefe/a de hogar desempleado y un asignación universal de $60
   para cada menor de 18 años, como forma de iniciar un proceso de
   reactivación del mercado interno y que elimine la pobreza de los
   hogares argentinos.

   El gobierno nos coloca en una trampa, ya que en el marco de la
   política vigente, todas las medidas anunciadas y por anunciar
   tendrán los mismos pocos beneficiados y la condena a la mayoría
   de la población a condiciones que afectan su calidad de vida.
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