EL FRAUDE DE LAS PRIVATIZACIONES EN LA ARGENTINA

Por Salvador María Lozada (ex Profesor Titular Ordinario de la Universidad de
Buenos Aires; Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Derecho
Constitucional)

Exhausta la política neoliberal iniciada con Celestino Rodrigo ,profundizada por
Martínez de Hoz, seguida explícita o implícitamente por los tres gobiernos
posteriores a ñla fuga de la dictadura militar, tiene sentido examinar los
orígenes recientes de una de las calamidades que deja como secuela terrible.

1.DEUDA EXTERNA COMO JUSTIFICACION DE LAS PRIVATIZACIONES
Observa con sagacidad Hector Valle, el economista director de Fides, que la
deuda externa se ha mostrado muy funcional con respecto a la implantación de un
régimen de política económica como el que tenemos ahora y que hubiera resultado
imposible el proceso de privatizaciones de no actuar la deuda externa como
poderoso elemento de coacción .
Me parece que existe una muy precisa corroboración de ese aserto en una pequeña
investigación que se puede practicar sobre la fase final del gobierno de
1983-1988.
Privatizaciones y desguace del patrimonio colectivo.
Uno de los rasgos de esta ideología neoliberal es el dogma de las
privatizaciones, como lo han expresado los Superiores Jesuitas. Las
privatizaciones como imperativo absoluto, sin discusión, sin reflexión, sin
discriminaciones, sin discernimiento acerca de qué bienes colectivos conviene -
por su peculiar índole, por su peculiar funcionamiento, por el peculiar ámbito
de la economía en que se encuentra- transferir a la actividad privada.
Privatizaciones, sin más, a cualquier precio, de cualquier modo, cualesquiera
sean las consecuencias, cualesquiera sean los efectos y costos sociales, y su
impacto sobre el bien común.

Los Precedentes Inmediatos del desguace.
Rastrear los orígenes del desguace(1) inferido en estos años al Estado nacional
impone un examen que exige ir muy atrás en la historia contemporánea de la
Argentina. Quien se concentra, en cambio, en la etapa más reciente advierte un
punto de inflexión ocurrido hacia 1987.
Ya marzo de 1984 el ministro de Economía, se adelanto a pagar una cuota de
intereses de la deuda externa, con aparatoso, y no menos sospechoso auxilio,
instrumentado por su similar mejicano. Se aceptaba así de hecho la existencia
sin discusión de esos supuestos compromisos internacionales, en su mayor parte
adquiridos irregularmente por la dictadura militar. Se renunciaba de tal modo a
un estudio crítico de esa deuda, tan necesitada de una cuidadosa verificación de
créditos. También se declinaba el cuestionamiento básico de la capacidad
jurídica de los usurpadores del poder público para contraerla, lo cual tiene
ingentes consecuencias para el futuro democrático del país.
Fue, sin embargo, hacia el segundo semestre de 1987 cuando el gobierno radical
optó resueltamente por el rumbo económico que aquella fatídica decisión
prefiguraba. En e Nro.80 de REALIDAD ECONOMICA, correspondiente al primer
bimestre de 1988, Alfredo Eric Calcagno anticipaba el futuro de este modo: "La
intención de vender una parte de las acciones de Aerolíneas Argentinas a SAS es
un acto político y económico de trascendencia, no solo por lo que significaba en
sí, sino porque podría ser el ejemplo a aplicar en todo el sector público
rentable (o en ciertas actividades específicas dentro de las empresas públicas).
Las soluciones que se proponen para Aerolíneas, como las que se plantearan en el
futuro para otras empresas del Estado y las que se practican con la deuda
externa son coherentes con el modelo neoliberal.La disyuntiva que se plantea en
el caso de Aerolíneas Argentinas no es de forma ni de oportunidad sino de fondo
y se refiere al proyecto nacional deseado. Solo el pueblo argentino debe
determinar el modelo económico global en que vivir. Mientras tanto no sería
legítimo adoptar subrepticiamente el modelo liberal y embarcarse en una política
de enajenación del patrimonio nacional."(2)
Lúcidamente advertía Calcagno que se estaba abriendo el camino a la ruinosa
privatización de la línea aérea, ocurrida unos años más tarde, y como bien se
sabe, uno de los actos más sospechadamente indecentes de la etapa Menem, y en
todo caso una privatización, aunque ya lejana en el tiempo, no por eso menos
destructiva, deplorable y digna de ser minuciosamente investigada.
Ese punto de inflexión no podía sino exteriorizarse en el campo petrolero. En el
número siguiente de esa revista, Edgardo Murguía, en una nota titulada "Lapeña,
Terragno y la Realidad Energética Argentina", señalaba las discrepancias que
determinaron el 1ro. de marzo de l988 la renuncia del Ing. Lapeña, Secretario de
Energía, con el ministro de Obras y Servicios Públicos, y se interrogaba así:
"Por qué causa insiste en aplicar el ministro Terragno la entrega de nuevas
áreas o yacimientos de YPF en explotación, en el marco del plan Olivos II,
siguiendo lo realizado por Martínez de Hoz, sin que se justifique por razón
económica alguna?...¿Cómo es posible que se utilice un argumento tan elemental
como el de indicar que YPF no tiene recursos para invertir en la explotación de
sus yacimientos pero tiene dinero para pagar las contrataciones a un precio
mayor?."(3)
No sorprende así que en el Nro.82 de idéntica publicación bajo el titulo: "El
Pragmatismo y la Pérdida de la Identidad Económica Nacional", Mario E. Burkun
escribiera:"...el Estado regulador se encuentra atacado desde el exterior por el
discurso ideológico privatizador, en boga dentro de la conciencia social de la
crisis, y desde lo interno por la inescrupulosidad y escepticismo de los propios
responsables de la toma de decisiones en la política económica...la incidencia
de la apertura y de las privatizaciones dejará una impronta de largo plazo en la
forma de acumulación del capital en nuestra sociedad, muy difícil de
transformar, incluso con un cambio de timón en la política económica"(4).
..
(1) Cabe el término, parece, por aquel manido tropo de la Nave del Estado.
(2) Realidad Económica, Nro. 80, pag. 3.
(3) Realidad Economica, Nro. 81, pag.105
(4) Realidad Económica, Nro.82, pag.5. El énfasis es nuestro.
 

2. UN INCREIBLE DECRETO PRIVATIZADOR

En ese contexto, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Argentina en el
gobierno nacido en diciembre de 1983, y luego ministro coordinador en el
gobierno de la Rua, Rodolfo Terragno, produjo uno de los actos más drásticos y
mas notables en el en el camino de lo que algunos han dado en llamar el desguace
del sector público. Es un notable precedente, anuncio y de algún modo elemento
preparador de la furiosa ola privatizadora que barrería el sector público en los
años 90 durante la administración del Presidente Menem. Se trata del decreto que
con el número del epígrafe se presentó como "Desmonopolización de Servicios
Públicos Prestados por Empresas Estatales", con la firma de su autor, el
ministro Rodolfo Terragno, quien lo había propuesto al Poder Ejecutivo, y la del
presidente Alfonsín y el ministro Sourrouille. Lleva fecha del 19 de noviembre
de 1987 (1). Sus motivaciones no son otras que las derivadas de ese discurso
ideológico privatizador, recién mentado, expresadas con el ufano dogmatismo y la
retahíla de clichés y lugares comunes que los "entertainers" de la televisión,
los sedicentes comunicadores de la industria del entretenimiento, habían ido
imponiendo machaconamente a la conciencia colectiva en los años antecedentes.
A propósito de los "entertainers" de televisión, tiene sentido evocar aquí un
debate en el que el asunto de los derechos humanos se entrelazó con el de los
condicionamientos económicos del bienestar colectivo. Por esos años se discutía
en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de Obediencia Debida, una de las
claudicaciones del mismo gobierno frente al poder militar. El diputado demócrata
cristiano, Carlos Auyero, luego de describir el vaciamiento, dispendio y
malversación de las energías colectivas democráticas que había implicado la
cancelación, por el gobierno, de la movilización popular para ahogar el conato
golpista de la Semana Santa de 1987, decía en el recinto:
"Lo único que a veces estamos defendiendo es la rutina democrática, muy
importante por cierto.pero -¡cuidado con no quedarnos solo con las rutinas
formales!- Yo mismo vi la gente que estuvo en la puerta 8 de Campo de Mayo
defendiendo la libertad y la democracia: provenían de barrios carenciados. Ante
la ejemplaridad de ese pueblo gritando por la libertad - que quizás es el único
bien que le va quedando- tengamos cuidado, pues corremos el riesgo de que se
vuelque a la desesperanza y a la incredulidad. Por ello es que tengo la firme
convicción de que en la política argentina debemos marcar trazos gruesos que
incorporen a la democracia que vivimos los necesarios elementos transformadores,
pues con mera rutina formal corremos el riesgo de que se llegue al cansancio de
una rutina democrática que no da solución a los problemas de fondo del país. Me
preocupa que el Secretario Brodersohn hace poco haya dicho en los Estados Unidos
a banqueros que lamentaba que ellos no votaran, porque así habría un mayor apoyo
para la acción de gobierno. Deploro que haya funcionarios del gobierno que
rindan tal pleitesía, del mismo modo que periodistas como Neustadt y Grondona
exalten las privatizaciones como una forma de liquidar el eje central que
custodia que el país no sea dependiente (Aplausos). Alguien me dirá que he
perdido la oportunidad de ir al programa "Tiempo Nuevo": no me interesa ni me
importa, y además casi nunca me han invitado. No alcanzo a comprender que con
sonrisas estos hombres justifiquen ahora la obediencia debida, amnistías, las
privatizaciones y las pretendidas políticas de independencia. Debemos tener
presente que lo hacen desde un canal del Estado. Yo defendería la libertad de
Neustadt y Grondona a decir lo que quieran donde quieran, pero lo que se me
ocurre impensable es que les brindemos el canal estatal para que lo hagan, pues
están volcando sobre la sociedad mensajes debilitadores".
Dicho sea incidentalmente, el Dr. Carlos Auyero murió en 1997 en un canal de
televisión, sosteniendo las mismas ideas que expuso en el debate de 1986, cuando
el periodista mentado en segundo término se había separado del primero de ellos,
creando otro programa, del que participaba Auyero, orientado a un sector un poco
menos basto del mercado mediático, con un rumbo, si no progresista, al menos
neutro, que suponía no seguir insistiendo en "el discurso ideológico
privatizador", según la caracterización de Mario E. Burkun.

Volviendo al decreto irrisoriamente "desmonopolizador", uno de los
considerandos, exhibe una nítida fuerza sugestiva del trasfondo con que había
sido concebido ese audaz plan privatizador. Véase:
"Que el régimen de capitalización de la deuda externa ofrece una valiosa
herramienta para la canalización de nuevas inversiones en el sector de los
servicios y bienes destinados al público".
Como se aprecia con facilidad, se intentaba introducir en el vasto campo del
sector público a unos proveedores y productores de bienes y servicios que podían
solo aportar como "nuevas inversiones" la capitalización de la deuda pública
externa. En otros términos, meros títulos, nada nuevos en lo substancial, que de
un modo u otro pagaría el Estado argentino, so pretexto de una deuda cuya
existencia y legitimidad desde 1984 se había estado impidiendo discutir y
verificar. Se podría así privatizar con clara inexistencia de otras "nuevas
inversiones" que no fueran los propios recursos nacionales bajo la forma de
deuda capitalizada.
Por lo demás, interesa observar, ya en noviembre de 1987, la mutua implicancia
que se intentaba crear entre deuda externa y privatizaciones, motivándose
recíprocamente. Porque debemos mucho, debemos privatizar; privaticemos nomás,
que la deuda externa paga.
El régimen abarcaba todas las empresas y entes públicos que a la época
correspondían al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, es decir
prácticamente casi todo el sector público de la economía lo cual indica la
importancia singular de este plan que en los hechos significaba la intención de
transformar por decreto lo substancial de la economía pública.
Privatizaciones "por Arrebato" (2)
El artículo 4to constituye la norma crucial del curioso decreto. Por su virtud
el Estado transfiere a los particulares la iniciativa de las privatizaciones.
Tanto la selección de los servicios a privatizar, como el tiempo y el orden en
que hacerlo, como la naturaleza jurídica del vínculo que uniría al nuevo
prestador o proveedor con el Estado y con los usuarios, como asimismo el ritmo y
las precisas modalidades operativas de esta irrupción privada, en tropel, sobre
la economía pública, quedaba totalmente librado a los aleatorios, y no pocas
veces abusivos, impulsos lucrosos de los particulares interesados.
Esto así, sin otra cosa, desde la vereda del bien común, que la pasividad de la
autoridad, cuyo rol, como se verá, era meramente receptivo y ceñido a
condiciones extremadamente difíciles en cuanto a poder objetar o responder.
Les bastaba a los particulares proponer lo que se les ocurriera y sobre lo que
se les ocurriera y cuando se les ocurriera, para poner en acción unos mecanismos
de insólita dificultad para el Estado.
Ante la amplia facultad de los particulares, para elegir ad libitum y para
notificar su intención de hacerse cargo de un servicio público o de una
provisión de bienes hasta el momento realizada por un ente público, véase lo
poco que le cabía a la autoridad estatal: "Si dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la notificación por parte de un interesado, la Secretaría
correspondiente no se opusiera, con expresión de fundamentos, el interesado
quedara autorizado de pleno derecho, sin necesidad de acto alguno de autoridad
competente, a producir o proveer los bienes o prestar los servicios sobre los
cuales haya versado la notificación".
Notable indefensión en la que se proponía colocar al Estado nacional. Conocidas
las debilidades de una administración, erosionada por gobernantes deslumbrados
por la actividad privada y con funcionarios frecuentemente escépticos sobre el
rol del poder público en los aspectos económicos del bien común, unos y otros
duramente acorralados por el catecismo anti-estatal del circo mediático, unos y
otros víctimas del efecto debilitador del discurso ideológico privatizador, que
invocaban Auyero y Burkun, parece claramente imprudente se le exigiera oponerse,
con expresión de fundamentos, lo cual incluye dictámenes y estudios técnicos, en
solo 30 días. En ese lapso, en efecto, debían realizarse los estudios técnicos,
obtenerse los dictámenes de los órganos permanentes de asesoramiento, según lo
reclama la ley de procedimientos administrativos, y luego dictar un acto de
oposición que tuviera una convincente razonabilidad capaz de persuadir al juez
contencioso-administrativo al que previsiblemente recurriría el postulante
privatizador. Nótese que a éste se le ha concedido todo el tiempo que le pareció
útil y conveniente para articular su proyecto, y para urdir toda la parafernalia
tecnocrática, con estudios de consultorías, análisis y cálculos. Mientras que al
Estado, para oponerse con eficacia y rigor, se lo encierra en mezquinos 30 días
de actividad de una administración frecuentemente desarmada y trabajada desde
adentro por ocultas complacencias, y acaso, no excepcionalmente, por aliados
internos de aquel postulante, sobre todo en estos tiempos tan decididamente
"desmonopolizadores" al uso monopólico.
Notable e insólita indefensión, sin duda alguna, porque cuando el Estado es
demandado ante los tribunales el código procesal le concede 60 días para
contestar las demandas, a diferencia de los particulares que tienen solo 15
días. Por complejo que sea un litigio es siempre incomparablemente más simple
que la entera cuestión de la transferencia de un servicio público. Simular que
el Estado pueda oponerse con dictámenes, estudios y fundamentos a un proyecto
privatizador en la mitad del tiempo que tiene para contestar las demandas
judiciales, es algo que suscita la más grande perplejidad, para decirlo muy
benignamente.

(1) Fue el profesor de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional del Comagüe, Dr. Hugo Eduardo Frare, quien llamó la
atención del autor sobre este singular espécimen normativo.
(2) Tal vez mas castellanamente cabria decir arrebatiña para apuntar a "la
acción de recoger arrebatada y presurosamente alguna cosa entre muchos que
pretenden apoderarse de ella, como sucede cuando se arroja dinero en medio de un
gran concurso", según nos informa el viejo Diccionario Hispano Americano, con la
salvedad de que en el decreto mentado el concurso, en el sentido de concurrencia
competitiva, se elude cuidadosamente.
 

3. PRIVATIZACIONES CON DESAPARICIÓN DE LA LICITACION PUBLICA

Este plan privatizador incluía la incorporación de los particulares a las redes
troncales de los servicios públicos, lo cual comprendía la electricidad, la
telefonía, todas las comunicaciones, redes viales y ferroviarias, los sistemas
de radio y televisión a la sazón en medida considerable en manos estatales. Lo
que excluía, muy asombrosamente, era el recaudo mínimo de moralidad y de
claridad administrativa que importa la licitación pública.
En estos casos de redes troncales, no el proyecto privatizador, sino su
síntesis, debía ser publicada por cinco días en un diario de amplia circulación
a nivel nacional, concepto este último dudoso dado el escasísimo número de
personas que leen diarios de Buenos Aires en muchas zonas del interior
susceptibles de ser hondamente afectadas por la propuesta. La publicación en
diarios locales se preveía sólo para los proyectos limitados a una provincia o
localidad. Pero más increíble que esto es lo dispuesto por el articulo 5to. Solo
en los casos de incorporación de las empresas privada a redes troncales u otros
servicios prestados por empresas o sociedades de estado, permite que estas
entidades, u otro particular, puedan manifestar oposición. Adviértanse dos cosas
muy graves. En primer lugar que la posibilidad de oponerse a otras personas
privadas se otorga sólo en los casos de incorporación a servicios troncales o
coordinación con servicios preexistentes. Si no hay redes troncales de por medio
o coordinación con otros servicios, los particulares, entre ellos otras empresas
privadas potencialmente competidoras, no tienen ni la posibilidad de enterarse y
menos aun la de oponerse al plan privatizador, ya que el requisito de la
publicidad por cinco días de esa síntesis del proyecto esta confinada, como se
dijo, solo a los casos de incorporación en redes troncales o coordinación de
servicios. Lo segundo es que en ningún caso estas personas privadas pueden
competir o concurrir con propuestas alternativas, o con precios inferiores en
iguales condiciones de prestación o previsión. Porque oponerse -lo cual cabe
sólo en esos supuestos troncales o de coordinación entre servicios - no es ni
competir ni concurrir. Dicho más brevemente, este régimen de transferencia de
los servicios públicos y empresas estatales pretendía realizarse con la entera y
cabal desaparición de la licitación pública: no sólo arrebato de los bienes
públicos sino arrebato con alto grado de clandestinidad, o por lo menos
invisibilidad o turbiedad, y obviamente con clara tendencia a la creación de
monopolios privados.
Curioso neoliberalismo éste que, cuando se trata de desguazar el sector público
de la economía se olvida de la libre competencia, ínsita en la noción de
licitación pública. No menos singular es que uno de los considerandos culpe a
los monopolios estatales de la gravísima situación que se quería corregir. De lo
cual se impone colegir algo que surge del espíritu de éste esperpéntico régimen
privatizador y de las convicciones neoliberales que lo nutren: la conducta
monopólica sólo es condenable cuando es ejercida por el Estado, no por las
concentraciones de poder económico privado.
Desde luego que todo esto se amplificaría notablemente en el gobierno de Carlos
Saúl Menem, pero estaba potencialmente ya en la administración radical.
Sería injusto, sin embargo, no reconocer que a la amplificación aludida se le
sumaba en el menemismo, algo que no estaba, al menos a ese grado, en el gobierno
precedente: una vocación, aparentemente entrañable, tal vez compulsiva, por la
falta de diafanidad, una inclinación hacia las fronteras de la ilicitud que han
denunciado un ex ministro el Interior y un ex ministro de Economía del mismo
gobierno, con la fuerza de convicción emergente de las posiciones que ambos ex
ministros han tenido en el centro del poder con cuya corrupción han tenido trato
y convivencia. La consiguiente carencia de seguridad jurídica, junto a la
manipulación notoria de un sector de la justicia federal de la Capital, es algo
sin precedentes que agravó notoriamente la situación social en la Argentina de
los años 90.
Pero queda también muy en claro que este antecedente, como otros, constituyen,
de hecho, a ese proyecto privatizador, y importa ahora subrayarlo, en el anuncio
de una versión social-demócrata del neoliberalismo, en una "gauche imaginaire"
(1), como denuncian respecto del gobierno socialista de Jospin dos periodistas,
uno de Le Monde, y el otro de Liberation, en un libro reciente con ese título. O
en una drauche, una mezcla mentirosa de gauche y de droite, de izquierda y de
derecha, como denuncia la verdadera izquierda hoy en Francia. Esto último, el
neoliberalismo es lo principal; la social-democracia es lo accesorio, un débil
edulcorante, una vana cosmética, cuando no un enmascaramiento. Y no es bueno que
nadie pueda llamarse a engaño sobre el particular. Sobre todo porque el control,
examen y revisión de las privatizaciones debió ser uno de los aspectos centrales
de la nueva etapa que debe reemplazar a la extinción de la experiencia
neoliberal.l . No debieron evitar los gobernantes ese reclamo colectivo. Porque
inevitablemente en el plano de los servicios públicos se intersecta la
solidaridad social, rigurosa exigencia de este tiempo, motor del desarrollo
humano, con la economía, la modernización verdadera y la eficiencia al servicio
de todos.
(1) izquierda imaginaria.